Advertencia del DHS: inmigrantes bajo parole tienen dos años para cambiar su estatus migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reiteró esta semana que los inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que ingresaron al país bajo el programa de parole humanitario desde el 6 de enero de 2023 tienen un plazo máximo de dos años para ajustar su estatus migratorio. De lo contrario, estarán sujetos a procedimientos de deportación.
El programa, implementado por la administración de Joe Biden, permite una entrada temporal a Estados Unidos, pero exige a los beneficiarios buscar alternativas legales para permanecer en el país. Una de las principales opciones para los cubanos es acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que les permite solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia física en suelo estadounidense.
Según el DHS, más de 531.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han ingresado legalmente al país desde el inicio del parole humanitario. En el caso específico de los cubanos, se han aprobado 110.970 solicitudes, de las cuales 110.240 ya han ingresado. Sin embargo, si no logran ajustar su estatus antes de que se cumpla el plazo de 24 meses, deberán abandonar Estados Unidos o enfrentarán la deportación.
El programa, originalmente diseñado en 2022 para ciudadanos ucranianos, fue extendido posteriormente a venezolanos en octubre de ese mismo año y, meses después, a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, en respuesta a la creciente migración en la frontera sur. Aunque se han logrado importantes avances en términos de ingreso legal, el tiempo corre para quienes aún no han asegurado su permanencia definitiva.
José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, advierte que algunos inmigrantes han enfrentado problemas con las huellas biométricas, un requisito esencial para la mayoría de los trámites migratorios. Según Guerrero, personas que trabajan intensamente con sus manos pueden ver sus huellas rechazadas, lo que complica el proceso de verificación. En estos casos, el gobierno recurre al FBI o solicita antecedentes penales de los lugares donde el solicitante ha residido por más de seis meses.
Los venezolanos, que comenzaron a beneficiarse del programa en octubre de 2022, son los primeros en enfrentar plazos vencidos. Muchos de ellos optan por el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que también puede ser viable para algunos cubanos. Sin embargo, expertos señalan que esta opción tiene criterios estrictos que no todos cumplen.
El papel de los patrocinadores, quienes asumen la responsabilidad financiera de los inmigrantes bajo el parole, también es crucial. Ezequiel Hernández, abogado en Phoenix, explica que los patrocinadores deben garantizar que los beneficiarios no se conviertan en una carga pública. Esto incluye cubrir gastos de vivienda, alimentación y cuidado médico. Aunque no enfrentan sanciones si el inmigrante permanece en el país tras el vencimiento del parole, podrían ser contactados por el gobierno para proporcionar información sobre el paradero del beneficiario.
El DHS enfatizó que este programa busca promover una migración segura y ordenada, evitando cruces ilegales en la frontera. Sin embargo, su carácter temporal subraya la importancia de que los beneficiarios trabajen activamente en ajustar su estatus antes de que sea demasiado tarde.
Con cerca de medio millón de personas afectadas, la incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios del parole humanitario pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas legales para garantizar su permanencia. Para los cubanos, la Ley de Ajuste Cubano continúa siendo una de las mejores vías hacia la residencia permanente, pero el tiempo es un factor crítico en esta carrera contra el reloj.
En un contexto de creciente migración y desafíos legales, las opciones están sobre la mesa, pero requieren acción inmediata por parte de los beneficiarios y sus patrocinadores.
