Miles de cubanos que residen en Estados Unidos en un limbo migratorio, tras cruzar la frontera sur del país y ser portadores de una I-220A, quedaron fuera de los beneficios de acceder a una Green card por la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden. La medida, anunciada el pasado martes desde la Casa Blanca, contempla la regularización migratoria de todos los migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, cancelando así su deportación.
Esta nueva directriz beneficia a unos 50,000 niños cuyos padres indocumentados están casados con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los cubanos con documentos I-220A, I-220B, o con órdenes de deportación final no cumplen con un requisito fundamental: haber entrado a Estados Unidos hace más de 10 años. La mayoría de estos cubanos ingresaron por la frontera en años recientes, especialmente después de que Cuba levantara las restricciones de vuelo por la pandemia en noviembre de 2021, lo que coincidió con el libre visado hacia Nicaragua.
El abogado de inmigración Willy Allen conversó con la cadena Telemundo 51 sobre el tema. “Los cubanos recién llegados con un documento I-220A, I-220B o una orden de deportación no califican para esta nueva medida, incluso si están casados con ciudadanos americanos”, explicó Allen.
El presidente Biden destacó que su plan es una “solución de sentido común” para legalizar el estatus de aproximadamente medio millón de migrantes sin estatus legal que han vivido en las sombras. Este nuevo programa, denominado Parole in Place, se basa en parte en la ley 42B, que permite a personas que han entrado ilegalmente a Estados Unidos, que han tenido buena conducta y tienen familiares residentes o ciudadanos americanos, obtener un perdón de la deportación.
Además de los indocumentados casados con ciudadanos, esta acción ejecutiva también beneficiará a los hijos cuyos padres hayan permanecido en el país por diez años o más desde la implementación de la medida el 17 de junio de 2024. Sin embargo, cubanos recién llegados no están incluidos en esta protección.
Allen indicó que aún no está claro el mecanismo específico para procesar esta nueva medida. “Todavía no sabemos cuál será el costo o el procedimiento exacto. En el pasado, con la 245I, se pagaba una multa de $1,000 para legalizar el estatus. Esperamos más detalles en las próximas semanas”.
A pesar de que no fueron incluidos en el plan de Biden, los cubanos no pierden las esperanzas para solucionar su limbo migratorio. Con la I-220A, que no se considera un parole, no pueden aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.
En una anterior declaración, Wilfredo Allen dijo que el comportamiento reciente de los jueces y las autoridades migratorias sugiere que están buscando una manera de cerrar todos los casos de cubanos con ese estatus. “Vamos a ver una orden administrativa antes de septiembre que permitirá la legalización de los cubanos con I-220A”, vaticinó el abogado.
