El 4 de junio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone nuevas restricciones migratorias a ciudadanos de 12 países, incluida Cuba, alegando razones de seguridad nacional. La medida afecta directamente a los cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos bajo el sistema de autorización ESTA, incluyendo a aquellos con doble nacionalidad española que residen en la Isla.
Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, los ciudadanos con doble nacionalidad aún podrán ingresar a Estados Unidos si viajan con un pasaporte alternativo y cuentan con un visado válido. No obstante, aquellos cubanos-españoles que hayan residido o visitado Cuba después de enero de 2021 no podrán usar el ESTA y deberán solicitar una visa B1-B2, que corresponde a visitas por turismo o negocios.
Dado que la embajada de Estados Unidos en La Habana no procesa actualmente visados de no inmigrante, los solicitantes cubanos deberán viajar a un tercer país para gestionar la visa. En caso de aprobación, el visado B1-B2 tendría una vigencia de hasta 10 años para ciudadanos españoles, con entradas múltiples autorizadas.
El gobierno estadounidense también estableció excepciones a estas nuevas restricciones. Quedan exentos diplomáticos, representantes de organismos internacionales y personal de la OTAN con visados específicos (A-1, A-2, C-2, C-3, G-1 a G-4, OTAN-1 a OTAN-6). También se incluyen los deportistas y equipos que viajan a eventos internacionales, así como personas con visado de inmigrante para procesos de reunificación familiar.
Asimismo, la proclama presidencial concede al Fiscal General y al Secretario de Estado la potestad de autorizar entradas individuales, si se considera que la presencia del solicitante favorece intereses judiciales o de seguridad nacional.
Las razones detrás de esta decisión se enmarcan en la política de seguridad impulsada por la administración Trump. Cuba permanece en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que ha derivado en restricciones migratorias severas. Washington también acusa a La Habana de no colaborar en materia de seguridad ni aceptar el retorno de nacionales cubanos deportados.
Esta situación ha generado una parálisis en las solicitudes de visados B1/B2, así como en otras categorías como F, M y J, afectando tanto a inmigrantes como a no inmigrantes cubanos.
Otro factor que incide en esta medida es la elevada tasa de sobreestadía de ciudadanos cubanos en territorio estadounidense. Muchos viajan con visas temporales de turismo, negocios o estudio, pero no regresan a la Isla en el tiempo autorizado, lo que agrava el problema migratorio.
La nueva orden ejecutiva se suma a un patrón de endurecimiento de políticas hacia Cuba que impacta de forma directa a ciudadanos comunes, en particular a quienes, a pesar de contar con ciudadanía española, siguen residiendo en un país al que Estados Unidos considera un riesgo.
En este contexto, miles de cubanos-españoles podrían ver truncadas sus intenciones de visitar familiares, realizar trámites personales o participar en actividades legítimas en Estados Unidos, mientras persistan estas restricciones.
Para los afectados, la única vía legal de ingreso a Estados Unidos será obtener una visa formal, un proceso complejo y costoso que hoy requiere salir de Cuba y gestionar la solicitud desde otra nación.
