Washington podría estar preparando un nuevo frente de presión contra el régimen cubano al considerar restricciones sobre el turismo canadiense, que representa casi la mitad de los visitantes internacionales a la isla. Estas medidas, aún no implementadas, buscan reducir las divisas que entran al conglomerado militar Gaesa, principal beneficiario del sector turístico en Cuba.
Desde 2021, los ciudadanos de países bajo el Programa de Exención de Visado (VWP), como España, Italia y Alemania, que hayan viajado a Cuba, deben solicitar una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos. Esto debido a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, los ciudadanos canadienses aún gozan de exenciones y pueden entrar a territorio estadounidense con un pasaporte válido, sin necesidad de visado o autorización electrónica (ESTA).
María Werlau, directora de Archivo Cuba, ha instado al gobierno estadounidense a aplicar estas restricciones también a los canadienses. Según la activista, esta acción es legal y no requiere aprobación del Congreso, pues ya existen normativas que lo permiten. “Con un simple cambio administrativo, se podría reducir el flujo de turistas canadienses a Cuba, golpeando directamente las finanzas del régimen castrista”, afirmó Werlau.
Anualmente, más de un millón de canadienses visitan Cuba, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos turísticos para la isla. De aplicarse esta medida, se prevé un impacto significativo en un sector que ya enfrenta dificultades debido a la crisis económica y la disminución de visitantes de otros mercados clave, como Europa.
Werlau y otros críticos del régimen señalan que los ingresos generados por el turismo se utilizan para mantener el aparato represivo y propagandístico del gobierno cubano. Según activistas, las divisas provenientes del sector fortalecen a las fuerzas militares y de seguridad del país, controladas por Gaesa.
Además de las restricciones al turismo canadiense, se han propuesto otras acciones contra el régimen cubano, como limitar las remesas y los viajes desde Estados Unidos, combatir la trata de personas en las brigadas médicas y condicionar la ayuda humanitaria para evitar que financie al gobierno cubano.
El programa de brigadas médicas de Cuba ha sido señalado como una forma de explotación laboral por organismos internacionales y activistas de derechos humanos. Estados Unidos ha considerado sancionar a gobiernos y funcionarios extranjeros que firman acuerdos con Cuba para contratar médicos bajo este esquema.
Otra propuesta contempla la denegación de visas a funcionarios cubanos y cómplices extranjeros involucrados en acuerdos con las misiones médicas. Estas acciones buscan frenar el financiamiento que el régimen obtiene mediante estas iniciativas.
Con la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, algunas voces del exilio cubano confían en que estas medidas puedan implementarse de manera más agresiva. Los críticos aseguran que la administración actual no ha adoptado una postura suficientemente dura hacia La Habana.
Si las restricciones sobre el turismo canadiense se concretan, sería un golpe severo para una economía ya debilitada que depende en gran medida del turismo. En paralelo, las acciones propuestas buscan cerrar otras vías de financiamiento clave para el régimen, reforzando la presión internacional sobre la dictadura cubana.
