Desde abril de 2023, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han reanudado los vuelos de deportación de cubanos en situación migratoria irregular en territorio estadounidense, bajo los acuerdos migratorios que ambos países mantienen desde hace décadas. Este reinicio de las deportaciones se produjo durante la administración de Joe Biden y ha dado lugar a la salida de más de 1.300 cubanos desde entonces.
Sin embargo, el número de deportados representa solo una fracción de los más de 550.000 cubanos que actualmente viven en Estados Unidos sin estatus legal, según estimaciones actuales. Estos migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que no pueden ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, lo que los coloca en riesgo de ser deportados en cualquier momento.
El proceso de deportación no es automático. Cuba tiene la última palabra sobre la aceptación de los deportados. Según fuentes del Ministerio del Interior (Minint), las autoridades cubanas revisan los expedientes enviados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y seleccionan qué personas serán aceptadas en cada vuelo. En general, el régimen castrista parece preferir a migrantes jóvenes, trabajadores y profesionales, a quienes considera más aptos para contribuir al país tras su regreso.
No obstante, el gobierno cubano es reticente a aceptar a aquellos con antecedentes criminales o que hayan vivido en Estados Unidos durante muchos años sin regularizar su situación. El abogado de inmigración Wilfredo Allen describió el proceso como una “terrible lotería”, en la que muchos cubanos esperan con incertidumbre la posibilidad de ser deportados.
Entre los casos recientes, destaca el de Heydi Sánchez Tejeda, una madre cubana que fue deportada a Cuba en 2025, después de haber pasado cinco años en Estados Unidos bajo una orden de supervisión I-220B, a pesar de tener una hija de un año nacida en suelo estadounidense. La deportación se produjo incluso con su hija pequeña, lo que ha generado controversia sobre la política migratoria de la administración Biden y la actitud de las autoridades cubanas.
Mientras tanto, figuras públicas como el reguetonero Yosvanis Arismin Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, continúan viviendo en Estados Unidos, a pesar de enfrentar múltiples cargos judiciales. Este contraste resalta la disparidad en el tratamiento de diferentes casos de migrantes cubanos, algunos de los cuales, a pesar de sus antecedentes criminales, no han sido deportados.
La crisis migratoria cubana es más grave que nunca. Con más de medio millón de migrantes cubanos en riesgo de ser deportados, muchos de ellos se encuentran atrapados en un limbo legal. Los migrantes con formularios I-220A e I-220B están sujetos a deportación inmediata si no cumplen con los requisitos establecidos por ICE. Estos formularios no permiten que los migrantes ajusten su estatus migratorio y dificultan su acceso a la residencia permanente.
El I-220A, conocido como “libertad bajo palabra”, permite a los migrantes permanecer en Estados Unidos mientras resuelven su caso, pero sin un estatus legal y sin permiso para trabajar. Por otro lado, el I-220B, que es una “orden de supervisión”, impone condiciones más estrictas, incluyendo la obligación de presentarse ante ICE y, en algunos casos, el monitoreo electrónico.
Para los migrantes cubanos con estas formas de supervisión, es esencial buscar asesoría legal especializada. Los abogados de inmigración pueden proporcionar información crucial sobre las opciones disponibles para regularizar su estatus y las posibles vías para evitar la deportación.
En este contexto, la crisis migratoria cubana sigue siendo una de las principales preocupaciones para la comunidad cubana en Estados Unidos, mientras los acuerdos de deportación continúan marcando el destino de miles de cubanos.
