Un esquema fraudulento sin precedentes ha sido desmantelado en Nueva York, donde estafadores crearon una corte virtual falsa para engañar a inmigrantes cubanas recién llegadas a Estados Unidos. Gustavo Cortez Osco, el principal implicado, ofrecía soluciones rápidas a trámites migratorios a través de audiencias falsas con supuestos jueces de inmigración, cobrando miles de dólares a sus víctimas.
El fraude, revelado por Univision, comenzó a inicios de 2024, afectando a decenas de mujeres inmigrantes, muchas de las cuales fueron reclutadas en iglesias evangélicas. Cortez, aprovechándose de la falta de conocimiento legal y las barreras del idioma, prometía resolver trámites de asilo y residencia en tiempo récord.
El esquema se basaba en la creación de falsas notificaciones enviadas por correo y la realización de audiencias virtuales a través de videollamadas. Durante estas sesiones, las víctimas creían estar en contacto con jueces vinculados al Departamento de Justicia, quienes les realizaban preguntas relacionadas con el proceso de residencia y ciudadanía en Estados Unidos.
Uno de los casos más representativos es el de Rusbelys Robles, una enfermera venezolana que pagó miles de dólares a Cortez, creyendo que su estatus migratorio estaba por regularizarse. Las víctimas eran engañadas con la promesa de tener un juez que hablara español, un servicio gratuito en procesos migratorios oficiales.
Las iglesias evangélicas jugaron un papel clave en la operación. Cortez usaba intermediarios para reclutar a sus víctimas en estos círculos religiosos, lo que le permitió acceder a comunidades vulnerables. Los pagos eran recibidos mediante plataformas como Zelle, utilizando cuentas de terceros, quienes también están bajo investigación.
El fraude fue descubierto cuando una de las víctimas comparó documentos con otra miembro de su iglesia. Al notar que las personas involucradas intercambiaban roles entre las audiencias, decidieron denunciar el caso a la policía de Nueva York.
Este fraude no solo afectó a inmigrantes individuales, sino a comunidades enteras. La vulnerabilidad de las víctimas, sumada a la falta de familiaridad con los procedimientos migratorios, facilitó que Cortez y sus cómplices llevaran a cabo la estafa. Según Javier Orochena, abogado de inmigración, las barreras del idioma y la desesperación por obtener un estatus legal hicieron que muchas mujeres confiaran ciegamente en las promesas de Cortez.
Las autoridades continúan investigando, y se espera que más personas vinculadas al esquema sean identificadas en las próximas semanas. Los intermediarios, quienes manejaban los pagos, se encuentran bajo la lupa, aunque muchos niegan su participación directa.
El caso ha generado alarma entre las comunidades de inmigrantes en Nueva York y otras ciudades con alta población de recién llegados. Las autoridades han lanzado una advertencia a los inmigrantes sobre la importancia de verificar la autenticidad de los servicios legales ofrecidos y de desconfiar de aquellos que prometen resolver trámites migratorios de manera rápida y con costos elevados.
