Cientos de estudiantes cubanos han expresado su descontento por el incremento de las tarifas de telecomunicaciones impuestas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa). Pese a la creciente ola de protestas, la empresa estatal, que monopoliza los servicios de telecomunicaciones en la isla, mantiene firme su política de dolarización en los costos, asegurando que no hay marcha atrás.
La decisión de aumentar las tarifas se ha centrado en el acceso a datos móviles, imponiendo un límite mensual de 360 CUP para recargas, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los usuarios. Además, se agregó un cobro adicional en dólares una vez agotados los datos, lo que agrava la situación de millones de cubanos que reciben sus salarios en pesos cubanos, que se encuentran devaluados. La medida ha generado un malestar generalizado, especialmente entre los jóvenes y universitarios, que ven en estas tarifas una barrera para el acceso a la información y la educación.
Según Mario J. Pentón, periodista con acceso a fuentes dentro de Etecsa, la empresa ha dejado claro que el aumento es una decisión que proviene de “más arriba” y que la dolarización de los servicios es una política “irreversible”, tomada a nivel del gobierno cubano. Como consuelo, Etecsa ha ofrecido una “flexibilización” de su servicio Nauta Hogar, el cual muchos cubanos no pueden aprovechar debido a la escasez de electricidad en sus hogares.
La respuesta del sector universitario ha sido contundente. En la Universidad de La Habana, el Consejo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) desconvocó un paro nacional y pidió a los estudiantes regresar a clases. No obstante, el respaldo a esta medida fue limitado, con 173 votos a favor, 82 en contra y 25 abstenciones, lo que demuestra una división interna significativa entre los estudiantes.
El grupo de estudiantes, tras retomar las actividades académicas, acordó formar un equipo multidisciplinario para buscar soluciones que no perjudiquen la recuperación económica de Etecsa, pero que al mismo tiempo garanticen un acceso más equitativo a las telecomunicaciones para la población cubana. A pesar de este intento de conciliación, el descontento persiste y se extiende a otras universidades del país.
Desde otras instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), la oposición a las tarifas sigue firme. De acuerdo con informes del medio independiente Árbol Invertido, estudiantes de esta universidad han sido víctimas de acoso por parte de la policía política, que ha realizado interrogatorios, amenazas de expulsión y ha forzado a algunos estudiantes a borrar contenidos de sus dispositivos móviles. En particular, se reporta la eliminación de mensajes del grupo de WhatsApp “CUJAE habla”, que se utilizaba para coordinar las protestas y discutir sobre el tarifazo.
Además, en Holguín, la situación no es diferente. Los estudiantes continúan protestando y, recientemente, recibieron el apoyo de sus profesores. Un comunicado emitido por los docentes de Derecho de la Universidad de Holguín expresó su “enérgico rechazo” a las tarifas, calificándolas de “abusivas” y “discriminatorias”. Según el texto, la nueva política de Etecsa viola lo establecido en el contrato de adhesión, lo que convierte el acceso a la información en un “privilegio”, en lugar de un derecho fundamental.
Este rechazo generalizado a las nuevas tarifas refleja una creciente tensión entre el pueblo cubano y la política económica del gobierno. Las tarifas impuestas por Etecsa son vistas no solo como una carga económica adicional, sino como una medida que amplía la brecha entre los sectores más acomodados y aquellos que luchan por sobrevivir con salarios bajos y una moneda altamente devaluada.
Mientras las autoridades siguen sin dar marcha atrás en sus decisiones, la sociedad cubana, especialmente la comunidad estudiantil, sigue luchando por el acceso a un derecho básico: la información.
