El Undécimo Circuito emitió el 23 de febrero de 2026 una decisión que podría impactar a numerosas familias cubanas detenidas en la frontera y luego liberadas con un formulario I-220A, al ordenar una nueva revisión judicial sobre la base legal usada en esos procesamientos migratorios en Estados Unidos.
El fallo ha generado preocupación entre muchos cubanos que esperan regularizar su estatus mediante la Ley de Ajuste Cubano. Ante la confusión, los abogados de inmigración Anabel Fernández y Carlos Pontón ofrecieron explicaciones a Periódico Cubano sobre el alcance real de la resolución.
Según detallaron los especialistas, el punto central del caso es determinar bajo qué disposición legal fueron detenidas esas personas. La discusión gira en torno a si el procesamiento ocurrió bajo la Sección 235 o bajo la Sección 236 de la legislación migratoria estadounidense.
Esa diferencia es decisiva porque, si la detención ocurrió bajo la Sección 235, la liberación solo habría podido producirse mediante parole humanitario. En ese escenario, los migrantes podrían ser considerados elegibles para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En cambio, si el procesamiento fue realizado bajo la Sección 236, esas personas no tendrían acceso a ese beneficio migratorio en los mismos términos. Por eso, la base legal utilizada por las autoridades se ha convertido en el eje de una disputa con efectos directos sobre muchas familias.
El caso llegó al Undécimo Circuito después de que un juez de inmigración negara la residencia por ajuste cubano a varias familias. Esas personas apelaron la decisión, mientras el gobierno defendía inicialmente que habían sido procesadas bajo la Sección 236.
Sin embargo, el panorama cambió con la nueva administración en Estados Unidos. En medio del proceso judicial, el gobierno adoptó una posición distinta y sostuvo que esas personas debieron haber sido procesadas bajo la Sección 235, no bajo la Sección 236.
La Corte no resolvió de manera definitiva si la liberación de esos migrantes equivalía legalmente a un parole humanitario. Lo que hizo fue anular las decisiones previas de la Junta de Apelaciones y ordenar que los casos fueran revisados nuevamente bajo el nuevo argumento del gobierno.
Ese paso no representa una solución inmediata para los cubanos con I-220A, pero sí deja abierta la puerta para nuevas interpretaciones legales. También permite que los jueces vuelvan a examinar expedientes tomando en cuenta el cambio de postura adoptado por las autoridades federales.
Fernández y Pontón señalaron que la decisión sigue siendo relevante para otros cubanos en situaciones similares. Aunque el fallo no concede automáticamente un beneficio migratorio, podría influir en futuros análisis sobre la elegibilidad para la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Aun así, los abogados advirtieron que la decisión no tiene carácter vinculante general. Eso significa que la Junta de Apelaciones no está obligada a repetir la misma conclusión en todos los casos, por lo que cada expediente deberá ser evaluado de forma individual.
Por esa razón, los especialistas pidieron a los cubanos no dejarse llevar por rumores ni interpretaciones apresuradas. Su recomendación fue buscar asesoría legal calificada para estudiar cada caso concreto, revisar el historial migratorio y definir la mejor estrategia ante un escenario que sigue abierto.
