Un juez federal en Texas emitió un fallo que anula la política de parole in place, una medida promovida por la administración de Joe Biden que permitía a cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal temporal en Estados Unidos. La decisión, que afecta a miles de familias, fue dictada por el juez J. Campbell Barker, quien argumentó que el Poder Ejecutivo excedió su autoridad al implementar esta política sin la autorización del Congreso.
La suspensión de esta política migratoria tiene un impacto directo en aproximadamente medio millón de personas, quienes, gracias al parole in place, evitaban la deportación y obtenían permisos de trabajo mientras gestionaban su residencia en el país. Sin esta opción, muchas familias quedan ahora en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad ante posibles acciones de inmigración.
El fallo responde a una demanda presentada por Texas junto con otros 15 estados gobernados por republicanos, incluyendo Alabama, Florida, Georgia y Wyoming. Estos estados alegaron que el programa impondría cargas financieras significativas en servicios públicos como salud, educación y seguridad. Además, la organización America First Legal apoyó la demanda, cuestionando la constitucionalidad de la medida y argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobreinterpretó la ley.
Durante el proceso, Barker rechazó la solicitud de intervención de los beneficiarios del programa, quienes buscaban defender su derecho al parole in place. Sus testimonios en apoyo de la política fueron desestimados, eliminando así la posibilidad de que fueran escuchados en la resolución del caso.
El contexto de este fallo se da en medio de la campaña electoral, lo que ha generado reacciones intensas entre defensores de los derechos de inmigrantes. Estos grupos han expresado su preocupación por el impacto de la medida en familias que han construido su vida en Estados Unidos, algunas de las cuales ahora podrían enfrentar procesos de deportación.
La administración de Joe Biden, que se encuentra en sus últimos días de gestión antes del cambio de mando al presidente electo Donald Trump, tiene la opción de apelar el fallo. Sin embargo, se enfrenta a una limitación de tiempo, ya que solo cuenta con 73 días para presentar la apelación antes de que se efectúe la transición de poder.
La suspensión de políticas por parte del Poder Judicial es posible gracias al sistema de separación de poderes en Estados Unidos, que permite a los tribunales revisar y declarar inconstitucionales políticas del ejecutivo o leyes del legislativo. Este mecanismo, conocido como “revisión judicial”, permite suspender temporalmente la implementación de órdenes presidenciales que se consideren contrarias a la Constitución.
A través de este mecanismo, cualquier ciudadano puede cuestionar una política gubernamental, y un juez tiene la facultad de emitir una orden de suspensión para bloquear su ejecución hasta que el caso sea resuelto. Esto asegura que el presidente y las agencias gubernamentales actúen dentro de los límites de la ley y respeten los derechos establecidos en la Constitución.
