Fallo migratorio en EE. UU. podría abrir nuevas vías legales para cubanos con I-220A
Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, conocida como Matter of Q. Li, ha generado expectativas dentro de la comunidad cubana en el exilio, al ofrecer una posible alternativa para que quienes ingresaron irregularmente al país y fueron liberados con el formulario I-220A puedan optar por la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El análisis legal ha sido encabezado por los abogados Juan Carlos Pontón y Ana B. Fernández, de la firma Pontón & Fernández, quienes sostienen que la decisión reafirma que todas las personas que ingresan de forma irregular deben ser procesadas bajo la Sección 235 de la Ley de Inmigración, y que, en consecuencia, solo pueden ser liberadas legalmente mediante un parole humanitario.
Este argumento podría beneficiar a miles de cubanos, ya que muchos fueron liberados con un I-220A bajo la Sección 236, la cual requiere una orden de arresto administrativo previa. Sin embargo, en la práctica, estas órdenes fueron emitidas después del arresto, lo que crea un vacío legal que cuestiona la legitimidad del procedimiento seguido por las autoridades migratorias.
El caso Matter of Q. Li no otorga automáticamente la residencia a los cubanos con I-220A, pero sí permite una reinterpretación jurídica: si su liberación no fue válida bajo la Sección 236, entonces podría entenderse que, por defecto legal, recibieron un “parole por operación de ley”, cumpliendo así uno de los requisitos esenciales de la Ley de Ajuste Cubano.
La Sección 235 implica detención obligatoria y elimina la autoridad de un juez para conceder fianza. Según la Corte Suprema, en el caso Jennings v. Rodríguez, no es viable que las autoridades cuenten con una orden de arresto lista en el momento de una detención fronteriza, lo que refuerza la tesis de que el proceso bajo la Sección 236 fue inapropiado.
Los abogados alertan que esta interpretación no modifica las reglas para quienes aún están detenidos, pues su liberación sigue dependiendo exclusivamente de la discreción de las autoridades a través del parole humanitario.
Pese a estas limitaciones, Matter of Q. Li representa un punto de inflexión legal que podría entrar en contradicción directa con el precedente desfavorable de Cabrera-Fernández, aún vigente y utilizado para denegar solicitudes de ajuste de estatus a portadores de I-220A.
Ante este nuevo escenario, Pontón y Fernández enfatizan la importancia de no acudir a notarios, ya que no están capacitados legalmente para representar a personas en procesos migratorios, y han causado perjuicios a numerosos solicitantes cubanos.
La recomendación para los interesados es consultar con abogados especializados en la Ley de Ajuste Cubano. La firma Pontón & Fernández se pone a disposición para evaluar casos individuales y diseñar estrategias legales fundamentadas.
El mensaje final de los expertos es claro: cada caso es único y debe ser tratado con rigor profesional, dado que una mala asesoría puede poner en riesgo el futuro migratorio de una familia entera.
