En una nueva ofensiva para asegurar el cumplimiento de la Resolución Conjunta No. 93 de 2023, el Gobierno cubano ha cerrado 53 negocios por incumplir con las normas de la bancarización forzada. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2024, una campaña de verificación dirigida por el Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) abarcó más de 1.700 establecimientos en todo el país.
Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, confirmó que el 71% de las inspecciones se centraron en el sector privado, que ha sido el principal objetivo de esta campaña. Durante estas verificaciones, se descubrió que muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aplicaban un recargo del 10% a los clientes que optaban por pagar mediante medios electrónicos.
El medio oficial Cubadebate reportó que un negocio privado en La Habana incluso llegó a exhibir públicamente el sobrecobro en sus locales, notificando a los clientes sobre el recargo, una clara violación de la normativa de bancarización obligatoria.
Durante las inspecciones, se detectaron 506 infracciones en los 1.767 establecimientos visitados, lo que resultó en la imposición de 459 medidas sancionadoras. Estas incluyeron el cierre de 58 negocios, la revocación de 17 autorizaciones comerciales y la imposición de multas por un total de 1.044.515 pesos cubanos (CUP).
A pesar de las acciones en el sector privado, la propia viceministra del Mincin reconoció que el sector estatal también enfrenta dificultades para cumplir con la bancarización obligatoria. Muchos establecimientos estatales aún no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para aceptar pagos digitales.
En respuesta a estos desafíos, el gobierno ha identificado 342 zonas que ya están bancarizadas y cumplen con los requisitos tecnológicos para permitir pagos digitales, aunque queda mucho por avanzar, según las autoridades.
La Resolución Conjunta No. 93, publicada en noviembre de 2023, obliga a todos los establecimientos comerciales, tanto estatales como privados, a contar con facilidades para aceptar pagos electrónicos. Esto incluye el uso de pasarelas nacionales o terminales de punto de venta (TPV), una disposición que afecta a cooperativas, Mipymes, trabajadores por cuenta propia y empresas estatales.
La viceministra enfatizó que todos los actores económicos deben cumplir con esta normativa para evitar sanciones. Las multas y cierres son solo algunas de las consecuencias para aquellos que no se alineen con las nuevas reglas.
Hace algunos meses, el presidente designado Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente los fallos en la implementación de la bancarización. Según Díaz-Canel, el gobierno enfrenta una sobrecarga de tareas, lo que ha impedido que el tema de la bancarización reciba la atención adecuada.
En un intento por corregir el rumbo, se han creado grupos de trabajo intersectoriales a nivel municipal. Estos equipos no solo se ocupan de la bancarización, sino también de otros problemas críticos como el déficit presupuestario y la evasión fiscal.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la agenda del gobierno parece estar rezagada. El propio Díaz-Canel admitió que se han acumulado demasiados problemas debido a la falta de avances en áreas clave.
