El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó recientemente en Washington D.C. a Pablo Enrique Sosa Elizalde, un cubano con antecedentes penales en el estado de Virginia. Según informes de la agencia en la red social X, Sosa Elizalde, quien cumplió una sentencia de 12 meses de prisión por dos cargos de hurto en el condado de Loudoun, se encontraba en el país sin la documentación adecuada que justificara su permanencia legal en los Estados Unidos.
Este arresto forma parte de una serie de detenciones llevadas a cabo por ICE en su lucha contra la inmigración irregular. En lo que va del año, se han registrado otros casos notables de cubanos con antecedentes penales. Entre ellos, destaca el arresto de Rainel Pedroso, quien fue condenado a 15 meses de cárcel por transportar a un extranjero indocumentado en Nueva Orleans.
Además de Sosa Elizalde, la agencia también reportó la detención de Osmani Mompié, acusado de conspirar para trasladar inmigrantes ilegales poniendo en riesgo sus vidas, y Robert Santiesteban, arrestado por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y robo de servicios. En otro caso, Joaquín Palacios Juncal fue detenido, un individuo con un historial criminal alarmante, que incluye abuso infantil agravado, agresión con arma mortal, violencia doméstica y posesión de cocaína.
Aunque muchos de los detenidos en estos operativos de ICE son elegibles para la deportación inmediata, Cuba ha mostrado resistencia en la repatriación de aquellos con antecedentes penales graves o que hayan residido fuera de la isla antes de 2017. Ante esta negativa, las autoridades estadounidenses han recurrido a deportaciones a terceros países como Sudán del Sur y Esuatini, a fin de garantizar que los individuos no permanezcan en territorio estadounidense.
La postura de ICE es firme: no tolerarán a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. La agencia ha enfatizado que utilizará todas las herramientas legales disponibles para expulsar a estos individuos del país y proteger a las comunidades americanas.
Este operativo de ICE coincide con la reciente implementación de una nueva estrategia de seguridad en Washington D.C., anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La estrategia incluye el despliegue de la Guardia Nacional para “limpiar” la ciudad de lo que el mandatario considera “pandillas violentas”, una medida que ha generado controversia en diversas esferas.
Trump argumentó que, aunque los delitos violentos en la ciudad han disminuido en los últimos años, las autoridades locales no están actuando con suficiente firmeza. Como parte de su plan, también se contempla la expulsión de personas sin hogar de la capital estadounidense, que ocupa el puesto 15 en el ranking de las ciudades con mayor cantidad de personas sin techo.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la movilización de las tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C. comenzará la próxima semana, con unidades especializadas listas para intervenir si la situación lo requiere.
Con esta serie de medidas, el gobierno de Trump continúa su enfoque estricto contra la inmigración irregular y el crimen en el país, un tema que sigue siendo central en su agenda política.
