La ciudad de Miami aprobó el pasado jueves una demanda civil contra el excomisionado Joe Carollo para intentar recuperar millones de dólares gastados con fondos públicos en su defensa legal, luego de que el político cubanoamericano perdiera en todas las instancias judiciales un caso iniciado por dos empresarios de la Pequeña Habana.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión de la Ciudad, a partir de una propuesta presentada por el comisionado Miguel Ángel Gabela. La acción busca reclamar los honorarios de abogados y otros costos asumidos por la ciudad durante la defensa de Carollo.
Según reportó el Miami Herald, la medida surge después de que Carollo apelara sin éxito el fallo emitido en 2023. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente dejó firme la decisión en su contra.
El litigio original fue promovido por los empresarios Bill Fuller y Martin Pinilla. Ambos obtuvieron un veredicto favorable que estableció que Carollo les debía pagar 63,5 millones de dólares por una campaña de represalias contra sus negocios.
Los demandantes sostuvieron que el entonces comisionado actuó contra ellos por razones políticas. Según esa versión, la supuesta represalia comenzó después de que Fuller y Pinilla apoyaran al rival de Carollo en las elecciones municipales de 2017.
Aunque no existe una cifra definitiva sobre el dinero desembolsado por la ciudad en este y otros pleitos vinculados al exfuncionario, estimaciones citadas en el caso indican que los gastos totales podrían superar los 10 millones de dólares.
De esa cantidad, cerca de seis millones habrían sido cubiertos directamente por la ciudad de Miami, mientras que alrededor de cuatro millones fueron asumidos por el seguro. Ese volumen de gasto ha generado críticas dentro del propio gobierno municipal.
El abogado de la ciudad, George Wysong, advirtió que, aun si la nueva demanda prospera, Miami no tendría prioridad inmediata para recuperar dinero. Explicó que los primeros con derecho a cobrar serían Fuller y Pinilla, cuando se rematen las propiedades de Carollo.
Esa situación complica las expectativas de la ciudad. Carollo ha afirmado que no dispone de recursos suficientes para reembolsar a los demandantes, e incluso ha llegado a sugerir que ni un premio millonario de lotería le permitiría cubrir lo adeudado por el orden de prioridad fijado en el fallo.
Gabela, impulsor de la nueva ofensiva legal, ha denunciado en varias ocasiones el alto costo que ha representado para Miami la defensa del excomisionado. A su juicio, la ciudad debe actuar para recuperar lo que considera una explotación de recursos públicos.
El comisionado también expresó su molestia por una reciente maniobra de Carollo en otro litigio relacionado con su pensión, abierto desde 2006. Según lo expuesto, el exfuncionario intenta resolver ese asunto por 1,5 millones de dólares.
Tras la decisión de la Corte Suprema, Fuller y Pinilla celebraron el resultado. Jeff Gutchess, abogado de los empresarios, afirmó que el fallo confirma que la represalia desde el poder tiene consecuencias y que las protecciones constitucionales amparan también a pequeños empresarios que ejercen su derecho a expresarse.
