Estados Unidos implementará un nuevo requisito de registro para migrantes indocumentados, quienes deberán proporcionar huellas dactilares y una dirección residencial. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advierte que quienes incumplan con este proceso podrían enfrentar multas, prisión o ambas sanciones.
La decisión se enmarca dentro de la política migratoria del presidente Donald Trump, que busca reforzar la seguridad fronteriza y acelerar deportaciones masivas.
In support of executive order, Protecting the American People Against Invasion, @DHSgov requires all aliens to register with USCIS. Failure to comply will result in criminal and civil penalties, up to and including prosecution and fines.
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El registro está basado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y afectará a cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el país sin documentación. Las autoridades han resaltado que esta regulación ya existía, pero no había sido estrictamente aplicada en décadas. Ahora, bajo la administración republicana, se implementará de manera rigurosa como parte del plan de control migratorio.
Desde el inicio del gobierno de Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado los operativos de detención y deportación. En los últimos meses, cientos de migrantes han sido arrestados y trasladados a distintos destinos, incluyendo Venezuela, México y la base naval de Guantánamo. Esta estrategia refuerza el compromiso del mandatario con sus promesas de campaña, enfocadas en reducir la inmigración ilegal.
El DHS ha enfatizado que la prioridad en las deportaciones seguirá siendo aquellos inmigrantes con antecedentes criminales en el país. Sin embargo, la negativa a registrarse podría agravar la situación migratoria de cualquier persona en condición irregular, al exponerse a sanciones adicionales.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que en los próximos días se publicará un formulario y un proceso en línea para facilitar el registro de los migrantes. Sin embargo, aún no se ha definido cómo funcionará el mecanismo ni qué garantías se ofrecerán a quienes cumplan con la normativa.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han manifestado su preocupación por esta nueva medida. El National Immigration Law Center advirtió que la implementación del registro podría ser utilizada como una herramienta para identificar y señalar a personas con el objetivo de facilitar su detención y deportación.
El centro recordó que la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 fue empleada en el pasado para vigilar a grupos considerados una amenaza para la seguridad nacional, como comunistas y otras figuras subversivas. Ahora, temen que su reactivación sirva como un mecanismo de control para la comunidad migrante en Estados Unidos.
El anuncio ha generado incertidumbre entre los migrantes indocumentados, quienes enfrentan la disyuntiva de cumplir con el registro y quedar expuestos a acciones futuras de deportación. Hasta el momento, no se ha aclarado si la información proporcionada en el proceso será utilizada exclusivamente para fines administrativos o si será compartida con agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.
Esta nueva política refuerza el endurecimiento del enfoque migratorio de la administración republicana y podría tener un impacto significativo en la comunidad inmigrante en Estados Unidos, especialmente en aquellos que han residido en el país durante años sin un estatus legal definido.
Las autoridades han insistido en que el registro es una obligación legal y han advertido que su incumplimiento no solo puede resultar en sanciones, sino que también puede afectar futuras solicitudes migratorias de quienes permanezcan en el país de manera irregular.
