El Congreso español ha desbloqueado un proyecto de ley que podría cambiar la vida de miles de migrantes, incluyendo cubanos, quienes actualmente viven en situación irregular en el país. El avance en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la plataforma RegularizaciónYa, representa un paso clave hacia la regularización de más de 500.000 personas, tras meses de retrasos en el proceso legislativo.
El 9 de abril, la ILP fue aceptada inicialmente por el Congreso, pero enfrentó demoras debido a la falta de acuerdo en la presentación de enmiendas. Sin embargo, un reciente acuerdo entre el PSOE y Sumar ha reactivado la iniciativa, lo que ha devuelto la esperanza a miles de migrantes que buscan integrarse legalmente en la sociedad española. La medida ha sido calificada por la prensa local como una necesidad para fortalecer la inclusión y la justicia social en el país.
Entre los beneficiarios potenciales de esta ley se encuentran numerosos cubanos que han llegado a España a través de rutas difíciles, desde Europa oriental y Rusia, en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos han trabajado durante años en sectores esenciales como el cuidado de personas, el trabajo doméstico y la agricultura, pero lo han hecho en condiciones de precariedad debido a la falta de un estatus legal que les permita acceder a derechos laborales plenos.
El principal desafío para que esta iniciativa tenga éxito es evitar que el proceso parlamentario diluya sus efectos. Los colectivos sociales insisten en que la regularización debe ser un compromiso firme con la integración y los derechos de los migrantes, no solo una solución temporal o parcial que perpetúe la precariedad. “La regularización debe ser un compromiso firme con la integración y los derechos, no una herramienta política temporal”, afirman activistas.
A la par del debate sobre la ILP, el gobierno español también tramita un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que, aunque no incluye una regularización extraordinaria, busca simplificar los procedimientos de arraigo para facilitar la obtención de permisos de residencia. Sin embargo, los colectivos sociales consideran que la reactivación de la ILP es solo el primer paso, y continúan vigilando para que la norma no se quede corta en sus objetivos.
En España, no se puede trabajar legalmente sin un permiso de residencia. La legislación actual exige que los permisos de residencia y trabajo estén vinculados, lo que significa que sin una regularización, miles de personas continúan atrapadas en un limbo legal que vulnera sus derechos y limita sus oportunidades.
Para muchos migrantes, regularizarse significa no solo acceder a un empleo formal, sino también la posibilidad de mejorar su calidad de vida y contribuir de manera plena a la sociedad. Los permisos de residencia pueden ser temporales, para trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, pero todos requieren de un estatus legal de residencia.
La posible aprobación de la ley en el Congreso representa una esperanza tangible para miles de cubanos y otros migrantes que esperan salir de la sombra y ser reconocidos formalmente en la sociedad española. La regularización les permitiría acceder a derechos que hasta ahora les han sido negados, brindándoles la oportunidad de contribuir de manera plena a la economía y la comunidad.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si el proyecto de ley avanza y se convierte en una realidad que haga justicia a aquellos que han esperado tanto tiempo por un cambio. Mientras tanto, la vigilancia de los colectivos sociales será esencial para asegurar que la regularización sea inclusiva y no deje a nadie atrás.
