Desde el próximo 24 de abril, miles de inmigrantes cubanos y haitianos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario perderán su acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido comúnmente como “Food Stamps”. Esta medida afecta a un total de 321.000 migrantes y forma parte de las acciones adoptadas por el gobierno de EE.UU. en el marco del endurecimiento de la política migratoria.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el 3 de abril, a través de una notificación enviada a las agencias estatales encargadas de administrar el programa. A partir de esa fecha, los beneficiarios del programa SNAP deberán enfrentar la pérdida de la ayuda alimentaria que les permitía adquirir productos en supermercados y otros comercios autorizados, utilizando una tarjeta electrónica (EBT), similar a una tarjeta de débito.
El motivo de esta revocación de beneficios está relacionado con la finalización del estatus de parole humanitario, que había permitido la llegada de inmigrantes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a EE.UU. bajo condiciones especiales durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, este programa dejó de ofrecer acceso a los “Food Stamps” a los migrantes provenientes de Nicaragua y Venezuela, mientras que los cubanos y haitianos sí podían beneficiarse de este apoyo alimentario.
De acuerdo con las cifras oficiales, 110.240 cubanos y 211.040 haitianos llegaron a EE.UU. bajo este programa, pero no se ha especificado cuántos de ellos habían solicitado el beneficio de asistencia alimentaria. La revocación del SNAP afecta principalmente a aquellos que se encuentran en el país bajo el estatus de parole humanitario, aunque quienes hayan regularizado su situación migratoria a través de programas como la Ley de Ajuste Cubano o el Estatus de Protección Temporal (TPS) no se verán afectados por la medida.
La decisión ha provocado fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que señalan que esta política contribuirá a aumentar la inseguridad alimentaria entre las familias más vulnerables. Sin el acceso a los “Food Stamps” y sin empleo formal, estas personas se enfrentarán a dificultades graves para cubrir sus necesidades básicas.
El Departamento de Agricultura aclaró que la medida no impactará a los migrantes que ingresaron a EE.UU. mediante la aplicación CBP One o que están bajo libertad condicional mientras resuelven sus casos migratorios, como solicitudes de asilo o revisión de estatus. Tampoco se verán afectados quienes ya han regularizado su estatus migratorio mediante otros programas.
Este cambio en la política migratoria forma parte de una serie de medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, cuyo gobierno implementó políticas más restrictivas hacia los inmigrantes. En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación de este programa y dispuso que los beneficiarios del parole humanitario deberán abandonar voluntariamente el país antes del 24 de abril, o de lo contrario, enfrentarán un proceso acelerado de deportación.
La única excepción a esta regla aplica a aquellos que han iniciado un proceso de ajuste migratorio, como solicitudes de asilo, TPS, visas por ser víctimas de delitos o solicitudes de patrocinio familiar o laboral.
La situación actual pone en evidencia las crecientes dificultades que enfrentan los inmigrantes en EE.UU., especialmente los de Cuba y Haití, en un contexto de políticas cada vez más restrictivas que afectan su acceso a beneficios esenciales como la asistencia alimentaria.
