El gobierno cubano aprobó este lunes una nueva política que regula la comercialización, importación y transmisión de propiedad de vehículos de motor, anunció Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, durante una conferencia de prensa en La Habana. La medida busca modernizar el parque automotor y mejorar la movilidad en un país afectado por una severa crisis de transporte.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la autorización para importar ciclomotores y motocicletas eléctricas sin límite de potencia, así como remolques ligeros de hasta 750 kg. Estos podrán ser traídos al país como equipaje no acompañado o mediante envíos. Los aranceles se pagarán en moneda nacional, manteniendo las condiciones actuales.
La política también permite la importación de motocicletas de combustión interna o híbridas de hasta 250 cc, nuevas o usadas con hasta 10 años de antigüedad, y triciclos eléctricos o híbridos para carga o transporte de pasajeros. Se establece un límite de un vehículo por persona cada cinco años, con el pago de aranceles en divisas convertibles.
Una disposición relevante exonera del pago de aranceles a los cascos de protección integral importados junto con las motocicletas. Las comercializadoras fueron incentivadas a vender motos con cascos incluidos, priorizando la seguridad de los conductores.
Rodríguez Dávila explicó que los cubanos en misiones estatales, diplomáticos y colaboradores podrán importar, además de motocicletas eléctricas, vehículos de combustión o híbridos, y automóviles nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad. Esta posibilidad se abre tras cumplir dos años de servicio continuo.
El procedimiento requiere un aval del organismo correspondiente y coordinación con Transimport. Los funcionarios podrán optar por comprar el vehículo en Cuba usando divisas convertibles, quedando exonerados del 100% del impuesto especial.
La medida se sustenta en un decreto ley, un decreto gubernamental, 10 resoluciones de distintos organismos y cuatro resoluciones internas. El objetivo, según el ministro, es modernizar el transporte y flexibilizar los procedimientos, alineándose con los lineamientos del Partido y el Programa de Transporte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
Rodríguez Dávila reconoció que la implementación de esta política se retrasó debido a huracanes y otros factores imprevistos. La reorganización de tributos también busca recaudar fondos para el transporte público y beneficiar a trabajadores clave en sectores como la salud y educación, quienes podrán acceder a vehículos sin requerir divisas convertibles.
Pese a los esfuerzos del gobierno por reducir la crisis del transporte, analistas advierten que las limitaciones de importación y el pago en divisas continúan siendo barreras significativas para la mayoría de la población. El impacto real de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad de acceso efectivo a divisas.
La nueva política busca reordenar un sector marcado por la escasez, pero genera dudas sobre su aplicación equitativa. Persiste la incertidumbre respecto a si logrará aliviar los problemas estructurales que afectan la movilidad en Cuba, donde la falta de vehículos, combustible y repuestos complica diariamente el desplazamiento de los ciudadanos.
El gobierno insiste en que estas disposiciones forman parte de un plan integral, pero la población cuestiona cuánto impacto tendrá realmente en sus vidas cotidianas. Las críticas se centran en la exclusión de amplios sectores de la sociedad que no tienen acceso a divisas convertibles ni están vinculados a misiones oficiales o sectores privilegiados.
