Yaquelín Domínguez Nieves, una cubana de 25 años, fue condenada el 11 de abril a siete años y medio de prisión por su participación en una operación de tráfico de migrantes que resultó en la muerte de 16 balseros cubanos. La sentencia fue emitida por un juez federal de Miami, quien determinó que la mujer había facilitado el traslado ilegal de los migrantes a Florida, cobrando 11.500 dólares a cada familia.
El trágico suceso ocurrió en noviembre de 2024, cuando Domínguez Nieves, junto a su novio, envió una embarcación a Playa Jaimanitas, en Cuba, para recoger a un grupo de 18 migrantes. El viaje culminó en desastre a unas 30 millas de la costa de Florida, cuando el bote, sobrecargado y sin suficientes chalecos salvavidas, se hundió. Solo dos sobrevivientes fueron rescatados.
Durante el juicio, los sobrevivientes señalaron que el capitán del barco carecía de experiencia en navegación, lo que contribuyó a la tragedia. Tres de los cuerpos recuperados fueron encontrados en el condado de Monroe, Florida, y la causa de muerte fue determinada como ahogamiento. Entre las víctimas había varios menores de edad, lo que aumentó la conmoción en la comunidad.
Este caso ha desatado una reflexión sobre el tráfico ilegal de migrantes, una actividad que explota las desesperadas necesidades de miles de cubanos que arriesgan sus vidas para escapar de la difícil situación económica y política en la isla. Según el fiscal federal Hayden P. O’Byrne, esta sentencia es crucial para enviar un mensaje claro a quienes están involucrados en este tipo de crímenes: las consecuencias serán severas.
La operación, conocida como Take Back America, fue una iniciativa nacional dirigida por el Departamento de Justicia para combatir el tráfico de personas y las organizaciones criminales transnacionales. La Guardia Costera de EEUU, junto con otras agencias federales, colaboraron en la recuperación de los cuerpos y en la búsqueda de los sobrevivientes. La operación también tiene como objetivo desalentar las actividades de los traficantes y proteger a las comunidades de los riesgos que representan estas redes criminales.
Este trágico suceso no es un caso aislado, ya que cada año miles de cubanos arriesgan su vida en el mar en busca de un futuro mejor. La creciente crisis económica, la represión política y la falta de oportunidades en la isla son factores que impulsan a muchos a tomar decisiones desesperadas, mientras que otros, lamentablemente, se aprovechan de esta desesperación.
El fiscal O’Byrne destacó la magnitud del impacto que estos delitos tienen en las víctimas y sus familias, y reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia para erradicar las redes de tráfico de personas.
