En países como España, se permite mantener ambas ciudadanías sin renunciar a ninguna, mientras que en Cuba, la Constitución reconoce que la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la cubana.
La orden I-220B, comúnmente conocida como orden de deportación supervisada, significa que aunque el individuo no está detenido, su situación migratoria es precaria.