La orden I-220B, comúnmente conocida como orden de deportación supervisada, significa que aunque el individuo no está detenido, su situación migratoria es precaria.
Los manifestantes, que representan a una amplia comunidad de trabajadores y contribuyentes cubanos, demandan que la administración actual otorgue un parole in place para los afectados.
El permiso de trabajo es indispensable para migrantes sin visa laboral, como aquellos que están en proceso de ajuste de estatus, solicitantes de asilo o beneficiarios de programas como DACA.
El efecto de estas políticas ha sido particularmente notable en la frontera suroeste, donde el uso de la aplicación CBP One ha jugado un papel crucial en la organización y legalización del proceso migratorio.
Para los cubanos, la situación es más favorable debido a la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente tras cumplir un año y un día en territorio estadounidense.
El senador por Florida destacó que la cifra de cubanos con órdenes finales de deportación ronda los 45,000, lo que hace evidente la complejidad de la situación.
Este descenso es el resultado de un endurecimiento en los criterios de seguridad por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El fraude, revelado por Univision, comenzó a inicios de 2024, afectando a decenas de mujeres inmigrantes, muchas de las cuales fueron reclutadas en iglesias evangélicas.