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Según anticipa el abogado Allen, se espera una decisión administrativa en 2024 que resuelva definitivamente la situación de los miles de cubanos que han entrado por la frontera en años recientes y han recibido el formulario I-220A.

La SB4 ha sido un tema de intensa discusión desde su aprobación en diciembre, con el gobierno del presidente Joe Biden señalando que infringe la Constitución y las leyes federales al usurpar la autoridad federal sobre la inmigración.

El gobierno federal, mediante una demanda presentada en enero, ha cuestionado la validez de la ley, argumentando riesgos de usurpación de autoridad, afectaciones a las relaciones internacionales y potenciales violaciones a derechos civiles.

El debate se intensifica al considerar el contexto texano, donde los latinos constituyen un segmento significativo de la población.

Los individuos que comúnmente deben comparecer ante las cortes de inmigración incluyen a aquellos en procesos de deportación o remoción y los que buscan ciertos alivios migratorios.