La administración del presidente Donald Trump está implementando nuevas restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de varios países, incluida Cuba, en un intento por reforzar la seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca, que hablaron en exclusiva con The New York Times, han señalado que las medidas serán más estrictas que las implementadas durante el primer mandato de Trump. Una de las principales características de estas nuevas restricciones será la creación de una “lista roja” de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar prohibiciones aún más severas para ingresar a territorio estadounidense.
En la lista de países que ya enfrentan restricciones bajo el gobierno de Trump figuran Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Según las fuentes, la nueva versión del veto migratorio podría incluir también a Afganistán, sumando otro obstáculo a las restricciones ya existentes.
Activistas y periodistas cubanos en el exilio han expresado su preocupación por la ampliación de las sanciones, pidiendo que se apliquen no solo a los funcionarios de alto nivel del gobierno cubano, sino también a aquellos miembros de las estructuras locales del Partido Comunista, el Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
En las redes sociales, figuras como el activista Jorge Magdiel Castro han destacado la necesidad de que estas sanciones afecten directamente a los “abusadores” del régimen y sus familiares. En esta misma línea, el periodista Mario J. Pentón sugirió que la legislación estadounidense podría impedir a los miembros del Partido Comunista de Cuba obtener cualquier tipo de visa, como parte de un esfuerzo por aislar aún más al gobierno cubano.
Estas restricciones se han visto reflejadas recientemente en los consulados estadounidenses en La Habana, donde el proceso de solicitud de visas, especialmente en la categoría IR5 destinada a padres de ciudadanos estadounidenses, se ha vuelto más riguroso. Expertos en inmigración han señalado que los consulados están aplicando de manera más estricta la sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la concesión de visas a individuos vinculados al Partido Comunista de Cuba.
En este contexto, trabajadores de empresas estatales como Aguas de La Habana y el Ministerio de Educación han sido considerados inelegibles para visas debido a sus conexiones con el aparato gubernamental cubano.
El consultor en inmigración Abel Zaldívar advirtió que el endurecimiento de las medidas podría dificultar aún más la posibilidad de que muchos ciudadanos cubanos puedan emigrar hacia Estados Unidos. Sin embargo, Zaldívar también sugirió que existen oportunidades para que algunos solicitantes impugnen las denegaciones de visas, lo que podría incluir la recopilación de documentación que demuestre la ausencia de vínculos con el Partido Comunista, como expedientes laborales, certificados del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y testimonios.
En casos en los que se deniegue una visa debido a la supuesta afiliación al Partido Comunista, la ley permite la opción de solicitar una reconsideración si el solicitante ha estado fuera del partido durante al menos cinco años. También es posible tramitar un perdón migratorio si se tienen familiares ciudadanos estadounidenses, lo que podría abrir una vía para aquellos que enfrentan restricciones.
El gobierno de Trump ha justificado estas medidas bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, buscando frenar la inmigración desde países con regímenes considerados hostiles. Sin embargo, estas nuevas restricciones están siendo vistas por muchos como un nuevo obstáculo para las familias cubanas que desean reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos, mientras que otros las perciben como una estrategia política para aumentar la presión sobre el régimen cubano.
