La administración de Donald Trump ha anunciado un programa que permite a los empleados federales recibir hasta ocho meses de salario como indemnización si renuncian voluntariamente antes de septiembre de 2025. La medida, que busca reducir el tamaño del gobierno y hacer más eficiente la administración pública, ha generado un intenso debate sobre su impacto en los servicios esenciales.
El plan fue comunicado a los empleados federales a través de un correo oficial. Los trabajadores tienen solo dos semanas para aceptar la oferta, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados. Se estima que entre el 5% y el 10% de los empleados federales podrían acogerse al programa, lo que representaría un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de dólares para el gobierno.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Trump para reinstaurar el trabajo presencial en las agencias gubernamentales. Actualmente, solo el 6% de los empleados federales asisten a sus oficinas cinco días a la semana. Trump ha dejado claro que no permitirá el trabajo remoto. “Tienes que ir a tu oficina y trabajar. De lo contrario, no tendrás empleo”, sentenció el expresidente.
Además de la eliminación de puestos, la administración ha implementado nuevos requisitos para los empleados federales. Un memorando de la Oficina de Gestión de Personal establece estándares más estrictos de idoneidad y conducta. Se prevé un endurecimiento en las evaluaciones de desempeño y un mayor control sobre la lealtad de los funcionarios al gobierno.
Elon Musk, empresario y magnate tecnológico, ha sido nombrado director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk, quien aportó 270 millones de dólares a la campaña de Trump, liderará los esfuerzos para reducir costos y eliminar posiciones consideradas innecesarias. Ha enfatizado la importancia de optimizar la burocracia y ha respaldado la política de despidos masivos.
El plan ha generado preocupación en sectores clave del gobierno. Áreas como la salud para veteranos, la seguridad alimentaria y el control del tráfico aéreo podrían verse afectadas si un gran número de empleados decide abandonar sus puestos. Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, calificó la medida como una “purga” de trabajadores que no se alinean con la administración. “Eliminar empleados públicos con experiencia tendrá consecuencias imprevistas y generará caos en servicios esenciales”, advirtió.
En paralelo, la Casa Blanca ha firmado una orden ejecutiva denominada “Schedule Career/Policy”, que reemplaza la revocada “Schedule F”. Esta disposición facilita el despido de empleados de carrera, convirtiéndolos en puestos de libre designación, lo que permitiría un mayor control político sobre la burocracia federal.
Con cerca de 2.87 millones de empleados civiles, sin contar a los militares y reservistas, el gobierno federal es el mayor empleador del país. Si se incluyen las fuerzas armadas y agencias autónomas, el número total de trabajadores supera los 4 millones.
Mientras los críticos advierten sobre el riesgo de desmantelar servicios esenciales, otros ven en esta política una oportunidad para modernizar el gobierno. Trump ha reiterado que su objetivo es crear una administración más ágil y eficiente, eliminando lo que considera gastos innecesarios y estructuras burocráticas obsoletas.
La medida ha provocado reacciones divididas entre legisladores y expertos en administración pública. Algunos demócratas han calificado la iniciativa como un ataque directo contra los empleados de carrera, mientras que aliados de Trump respaldan la propuesta como un paso necesario para reformar el aparato gubernamental.
A medida que se acerca el plazo para que los empleados decidan acogerse al programa, el impacto de esta reestructuración sigue siendo incierto. La reducción del personal podría alterar significativamente la prestación de servicios a la población y redefinir el papel del gobierno en áreas estratégicas para el país.
