Piden explicaciones al DHS sobre cómo serán investigados los patrocinadores del parole
Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que aclare cómo investigará a los patrocinadores del parole humanitario tras el reciente anuncio del reinicio del programa. La solicitud surge en medio de preocupaciones por la falta de claridad en los procedimientos destinados a evitar el fraude en el proceso, especialmente para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El DHS reinició el programa de parole humanitario después de una pausa provocada por la identificación de fraudes e inconsistencias. Este programa permite que hasta 30,000 inmigrantes al mes ingresen a los Estados Unidos, lo que ha generado críticas y preocupaciones sobre la eficacia de los controles implementados.
Stein, en una declaración pública, expresó su escepticismo sobre las nuevas medidas adoptadas por el DHS, señalando que no se ha detallado cómo se investigará a cada patrocinador. FAIR subraya que el plan de reinicio no aborda de manera clara los procedimientos para asegurar que el proceso sea riguroso y libre de fraudes.
Entre las nuevas medidas anunciadas por el DHS, se incluye un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores, así como la identificación de perfiles fraudulentos. En particular, se exigirá la toma de huellas dactilares para aquellos patrocinadores que presenten el formulario I-134A en favor de posibles beneficiarios del parole.
Sin embargo, FAIR mantiene su escepticismo. La organización considera que estas medidas pueden ser insuficientes, especialmente en lo que respecta a la revisión de procesos pasados. Stein criticó la falta de garantías claras por parte del DHS, calificando las respuestas de la dependencia como “muy vagas”.
El comunicado de FAIR destaca que el DHS ha admitido públicamente que el programa de parole permitió que cientos de miles de inmigrantes ingresaran a los Estados Unidos sin un proceso adecuado para investigar tanto a los beneficiarios como a sus patrocinadores. Esta situación, según Stein, podría haber comprometido la seguridad del país.
Además, FAIR advierte que el DHS no ha dado indicios de que se investigarán los fraudes pasados ni de que se tomarán medidas para revocar los estados de libertad condicional obtenidos de manera fraudulenta. La organización subraya la necesidad de que el gobierno tome acciones más contundentes para corregir estos errores.
La presión sobre el DHS no solo proviene de FAIR. Un grupo de 21 estados republicanos mantiene una demanda judicial contra el programa de parole, argumentando que el presidente Joe Biden se extralimitó en sus poderes al utilizar una acción ejecutiva para implementarlo, en lugar de pasar la política migratoria por el Congreso.
Hasta el mes de julio, más de 106,000 cubanos se habían beneficiado del programa de parole, de los cuales 104,130 ya han viajado a Estados Unidos. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se manejará el fraude detectado en el programa ha generado preocupación tanto entre los beneficiarios actuales como entre los futuros solicitantes.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del parole humanitario y la capacidad del DHS para asegurar que el proceso sea justo y seguro para todos los involucrados.
