El expresidente Donald Trump, actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, ha hecho declaraciones sobre la deportación masiva de extranjeros bajo parole humanitario y quienes solicitaron asilo a través de la aplicación CBP One. Este plan ha generado preocupación entre los inmigrantes, especialmente cubanos. En una reciente entrevista con el periodista Daniel Benítez, el abogado de inmigración Wilfredo ‘Willy’ Allen aclaró el panorama legal para los afectados.
Allen explicó que las personas que han ingresado bajo parole humanitario tienen garantizada una estancia de dos años en Estados Unidos. Sin embargo, una vez cumplido este período, existen diversas opciones para legalizar su situación, como solicitar asilo, casarse con un ciudadano estadounidense o solicitar la residencia por vínculos familiares.
Para los cubanos, la situación es más favorable debido a la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente tras cumplir un año y un día en territorio estadounidense. Muchos ya han iniciado este proceso, lo que los exime de un riesgo inminente de deportación, a pesar de las declaraciones de Trump sobre la “mayor deportación de la historia”.
En contraste, Allen señaló que los nicaragüenses y haitianos enfrentan un panorama más incierto. Estos grupos no cuentan con protecciones similares a las de los cubanos ni con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a los venezolanos. Si no inician un proceso de legalización al finalizar los dos años de su parole, deberán abandonar el país o enfrentarse a la deportación.
Allen sugirió que la opción más viable para ellos es solicitar asilo, ya que al iniciar este proceso, se protegen de la deportación mientras su caso esté en trámite. De acuerdo con el abogado, los procedimientos legales brindan una capa de seguridad, pero es importante que los afectados tomen acción rápidamente.
Ante la promesa de Trump de deportar a más de 600.000 personas que han ingresado bajo parole humanitario, Allen expresó dudas sobre la viabilidad de dicha medida. Explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo una deportación masiva de esa magnitud.
El senador Marco Rubio también comentó sobre la imposibilidad de deportar a tantas personas, destacando las limitaciones logísticas y las condiciones impuestas por el régimen cubano, que dificultan los vuelos de repatriación a la isla. Rubio señaló que una deportación masiva tendría graves consecuencias económicas para Estados Unidos.
Para quienes entraron al país solicitando asilo a través de la aplicación CBP One, el panorama es menos incierto. Según Allen, aquellos que están en proceso de asilo no pueden ser deportados mientras tengan una fecha de corte asignada, aunque su permiso de trabajo pueda ser revocado. A pesar de esta posible revocación, los solicitantes pueden renovar su permiso a través de su estatus de asilo.
El mensaje final del abogado fue claro: mientras no se cometan delitos graves y se esté en proceso de legalización, no hay motivo para temer una deportación inminente. Allen instó a los inmigrantes a continuar con sus vidas, confiar en las instituciones y seguir los procedimientos legales.
