El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado su política de deportaciones dentro del territorio estadounidense. A pesar de que las autoridades han centrado sus esfuerzos en la frontera sur, los arrestos en el interior del país continúan impactando a miles de migrantes, especialmente a aquellos con antecedentes penales o que han violado las leyes migratorias.
Con un promedio de 43.000 deportaciones anuales en los últimos cuatro años, ICE sigue siendo una pieza clave en la estrategia de control migratorio del gobierno de Estados Unidos.
El enfoque de las deportaciones ha cambiado en los últimos años, pero las políticas vigentes siguen teniendo un impacto directo sobre los inmigrantes. Si bien el énfasis ahora está en los cruces fronterizos, ICE continúa realizando arrestos y expulsiones de migrantes indocumentados dentro del país.
Además, las deportaciones no solo afectan a aquellos sin documentos, sino también a residentes con visa temporal o titulares de la tarjeta verde, siempre y cuando hayan cometido delitos graves como posesión de drogas o armas.
De acuerdo con un informe del Instituto de Políticas Migratorias, los migrantes bajo programas de protección temporal, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), generalmente se encuentran exentos de las deportaciones.
Sin embargo, existe la posibilidad de que estas protecciones sean revocadas, lo que deja a muchos de estos migrantes vulnerables a ser expulsados del país.
La mayor parte de los arrestos realizados por ICE provienen de detenciones relacionadas con cárceles y prisiones. Cuando una persona es detenida por la policía local, sus huellas dactilares son comparadas con bases de datos federales.
Si se detecta una violación de las leyes migratorias, ICE puede emitir una orden para mantener a la persona detenida hasta que sea trasladada a un centro de detención.
Aunque los arrestos fuera de centros de detención, como en lugares de trabajo o viviendas, son menos frecuentes, todavía ocurren. Sin embargo, este tipo de operativos tiene un alto costo operativo y provoca un mayor impacto mediático. Solo el 29% de los arrestos en 2024 ocurrieron fuera de las cárceles.
Las “ciudades santuario”, que se resisten a colaborar con ICE, han reducido la cantidad de detenciones y deportaciones. No obstante, en estados con mayor cooperación con ICE, las detenciones siguen siendo más frecuentes, lo que genera un panorama desigual a nivel nacional.
Entre 2021 y 2024, un 79% de las deportaciones internas de ICE fueron dirigidas a migrantes con antecedentes penales. México y Centroamérica siguen siendo las regiones con más deportaciones, con el 87% de los casos dirigidos a ciudadanos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El presupuesto de ICE para el año fiscal 2024 es de 9.100 millones de dólares, con más de 21.000 empleados, de los cuales 7.700 están enfocados en operaciones de deportación.
A pesar de una disminución en las deportaciones internas en los últimos 15 años, pasando de 155.000 anuales entre 2009 y 2016 a 38.000 en los últimos tres años, las expulsiones en la frontera sur han aumentado considerablemente. En 2024, ICE reportó 224.000 deportaciones desde la frontera, un cambio estratégico en la política de inmigración que ahora prioriza la disuasión de los cruces irregulares.
El reto adicional para ICE proviene de países como Cuba, India, China y Venezuela, cuyos gobiernos a menudo no aceptan la repatriación de sus nacionales deportados. A pesar de ello, ICE logró deportar a ciudadanos de 192 países en 2024.
Recibir una orden de deportación puede acarrear graves consecuencias, incluyendo prohibiciones de reingreso a Estados Unidos por períodos de entre 5 y 20 años, y en algunos casos, la prohibición puede ser de por vida.
