El 22 de junio de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó una decisión clave que permite a la administración de Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes hacia países que no sean sus naciones de origen. Con una mayoría de 6-3, el fallo suspende temporalmente una orden judicial que obligaba a los migrantes a tener la oportunidad de impugnar su deportación, lo que marca un avance significativo para la política migratoria del gobierno estadounidense.
Este fallo ha sido interpretado como otra victoria para la administración Trump, que ha recurrido en varias ocasiones al máximo órgano judicial para respaldar su enfoque migratorio. La Corte, de mayoría conservadora, permitió que las deportaciones continuaran hacia terceros países, pese a la oposición de jueces liberales como Sonia Sotomayor, quien alertó sobre los riesgos para los migrantes al negárseles la oportunidad de defenderse legalmente.
El caso que motivó la resolución involucra a migrantes provenientes de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, quienes fueron detenidos y enviados a Sudán del Sur, un país devastado por la violencia y la inestabilidad desde su independencia en 2011. Los abogados de los migrantes argumentaron que enviarlos a este destino representaba un riesgo de tortura y muerte, ya que Sudán del Sur se enfrenta a graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los deportados se encontraban varios convictos, algunos con órdenes de deportación pendientes desde 1999. La Corte permitió que esta práctica continuara, lo que ha generado fuertes críticas desde sectores progresistas, especialmente por la falta de opciones legales para los migrantes afectados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión, describiéndola como una victoria para la seguridad nacional de EE. UU. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, reiteró que la medida se alinea con la estrategia de deportación masiva promovida por la administración Trump. “Es hora de poner en marcha los aviones de deportación”, afirmó McLaughlin, insistiendo en que los migrantes con antecedentes criminales deben ser enviados a cualquier país dispuesto a recibirlos.
La administración republicana ha defendido esta política como fundamental para el control de la inmigración y la protección de la seguridad interna. Además, ha responsabilizado a la administración Biden por lo que consideran un aumento en el número de migrantes indocumentados durante los últimos años.
Un caso particularmente relevante en este contexto es el de dos migrantes cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, quienes fueron deportados a Sudán del Sur en mayo de 2025. Arias-Hierro, con un historial criminal grave, incluyendo homicidio, secuestro y robo, y Rodríguez-Quiñones, condenado por tentativa de asesinato y tráfico de personas, fueron enviados a este país tras el rechazo del gobierno cubano de recibirlos.
Este episodio marca la primera vez que cubanos son deportados bajo la administración Trump a terceros países, lo que subraya una nueva fase en la política de deportaciones expeditas del gobierno estadounidense. Esta estrategia ha aumentado debido a la negativa de al menos 23 países a aceptar deportados, incluyendo naciones como Cuba, Venezuela, China y Haití, que figuran entre los más reacios a recibir a sus nacionales deportados.
La decisión judicial ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre los peligros que enfrentan los migrantes al ser enviados a países con condiciones de seguridad extremas. Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en que esta política es necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y controlar el flujo migratorio ilegal.
