La Corte Suprema de Estados Unidos limitó este viernes el alcance de las órdenes judiciales que impedían la aplicación nacional de la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Con una votación de 6 a 3, el tribunal concedió parcialmente la solicitud de la administración Trump, restringiendo el uso de las llamadas “injunctions universales”.
El fallo no aborda directamente la constitucionalidad de la política de Trump, que pretende negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en EE. UU. de madres en situación migratoria irregular o con presencia temporal, si el padre tampoco es ciudadano ni residente legal permanente. En cambio, la Corte se enfocó en el poder de los tribunales inferiores para emitir medidas que bloqueen políticas a escala nacional.
Según la mayoría conservadora del tribunal, los jueces federales no tienen autoridad para dictar órdenes judiciales con efecto nacional bajo la Ley Judicial de 1789. Por tanto, las medidas cautelares solo podrán beneficiar a los demandantes concretos de cada caso, sin extenderse a toda la población.
La decisión modifica un patrón judicial utilizado con frecuencia durante la administración Trump, cuando tribunales federales bloquearon diversas iniciativas mediante órdenes de alcance general. Entre ellas figuraban restricciones migratorias y políticas relacionadas con el ejército.
Con esta sentencia, el Supremo establece que el alcance de las medidas cautelares debe limitarse a quienes figuran como parte en el proceso. Esto, en la práctica, otorga más margen de maniobra a futuras administraciones para aplicar sus políticas mientras los litigios avanzan en los tribunales.
El caso dividió profundamente al tribunal. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. Sotomayor calificó el fallo como “una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución”, y advirtió sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
Por su parte, Kagan cuestionó que la Corte Suprema deba absorber todos los casos relacionados con decisiones presidenciales, y Jackson alertó sobre las consecuencias de esta doctrina para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Aunque el gobierno de Trump celebró la decisión como una “gran victoria”, la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento no entra en vigor de inmediato. La Corte concedió 30 días a los tribunales inferiores para adaptar sus fallos conforme a esta nueva interpretación.
La fiscal general, Pam Bondi, señaló que este dictamen “acaba con el aluvión interminable de injunciones nacionales contra el presidente Trump”, una estrategia judicial que había obstaculizado repetidamente su agenda.
Trump también reaccionó en redes sociales, afirmando que la resolución representa un triunfo para su visión de gobierno. La medida se interpreta como un paso más en el camino para redefinir el alcance de la ciudadanía en Estados Unidos.
El fallo representa un hito en la jurisprudencia federal al redefinir el papel de los jueces frente a decretos presidenciales. Y aunque el contenido de la política migratoria de Trump será examinado en procesos futuros, esta decisión refuerza la capacidad del poder ejecutivo para avanzar sus propuestas mientras se dilucida su constitucionalidad.
