Estados Unidos ha deportado a un migrante cubano a Esuatini, un país del sur de África, luego de que Cuba se negara a recibirlo debido a su historial delictivo. Este hecho forma parte de una serie de deportaciones de individuos con antecedentes criminales graves que han sido rechazados por sus países de origen. En este caso, el vuelo, que aterrizó recientemente en Esuatini, también transportaba migrantes de Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam, cuyos gobiernos igualmente se negaron a aceptarlos.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, detalló en redes sociales que estas personas cometieron delitos tan graves que sus respectivos gobiernos se rehusaron a recibirlos de vuelta. McLaughlin subrayó que los deportados han “aterrorizado comunidades estadounidenses” y que su expulsión forma parte de la política migratoria del presidente Donald Trump, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem.
El migrante cubano deportado había sido condenado por varios delitos graves, incluidos asesinato en primer grado, agresión agravada a un oficial de policía, hurto mayor de vehículo, evasión de la ley y conducción imprudente. Además, estaba vinculado a la pandilla Latin King y fue sentenciado a tres años de prisión.
Este caso resalta la creciente tendencia de deportaciones hacia terceros países, una práctica que se ha fortalecido luego de una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que autorizó el envío de migrantes indocumentados a destinos distintos a sus países de origen con poca antelación. La estrategia es vista como un método para eludir las restricciones impuestas por ciertos países, como Cuba, que rechazan la recepción de sus nacionales con antecedentes penales.
En mayo pasado, dos cubanos con antecedentes criminales graves fueron enviados a Sudán del Sur por el mismo motivo, después de que el régimen cubano se negara a aceptar su repatriación. Los migrantes, identificados como Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, enfrentaron acusaciones graves, como homicidio, robo armado, intento de asesinato y tráfico humano. Ambos fueron deportados después de que las autoridades cubanas alegaran que no eran elegibles para ser repatriados, ya que habían dejado la isla siendo muy jóvenes.
La negativa de Cuba a aceptar a estos migrantes contraviene los acuerdos migratorios firmados durante la administración de Barack Obama, que obligan al gobierno cubano a recibir a los migrantes que ingresaron a EE. UU. de manera irregular. En la práctica, las autoridades cubanas solo aceptan a aquellos con un historial criminal limpio, lo que dificulta la repatriación de quienes tienen antecedentes delictivos.
El Ministerio del Interior de Cuba revisa los expedientes enviados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., decidiendo cuáles migrantes serán aceptados. Esta revisión generalmente favorece a los jóvenes profesionales sin antecedentes criminales, mientras que aquellos con un pasado delictivo son rechazados.
Para hacer frente a esta situación, la administración Trump ha negociado acuerdos discretos con al menos 58 países en todo el mundo para que reciban a migrantes de nacionalidades cuyos gobiernos de origen se niegan a aceptarlos. Actualmente, más de 23 países, incluidos Cuba, China, Venezuela y Haití, están catalogados por EE. UU. como “recalcitrantes” debido a su negativa sistemática a recibir a deportados con antecedentes criminales.
Aunque esta práctica ha sido objeto de críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, el gobierno estadounidense continúa defendiendo la deportación a terceros países como parte fundamental de su política migratoria. Según sus autoridades, la medida es necesaria para garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses y el cumplimiento de la ley.
