Detención de joven cubano en Florida expone fallas en el sistema migratorio de EE.UU.
Suzel Araguez Cruz denunció este 11 de septiembre que su sobrino, un joven cubano de 18 años, fue detenido sin explicación por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida. El hecho ocurrió cuando acudió a una cita rutinaria en esa dependencia federal y terminó bajo custodia, lo que ha desatado preocupación en su familia y entre la comunidad migrante.
La tía del joven explicó al periodista Mario J. Pentón que él llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y ha permanecido bajo su custodia legal desde entonces. Asegura que se trata de un muchacho integrado a la sociedad y con un futuro prometedor en el país.
El detenido cursa su último año de secundaria y participa en el programa de cadetes de bomberos de Coral Gables, con la meta de ingresar a la academia de bomberos. Su familia considera que ICE actuó de manera arbitraria, poniendo en riesgo un proyecto de vida en el que ha invertido esfuerzo y dedicación.
El abogado del bufete Gallardo Law Firm afirmó que no existe fundamento para la detención, ya que el joven no tiene antecedentes penales y ha residido en Estados Unidos por más de dos años. En su criterio, ICE debería reconocer estos elementos antes de imponer un proceso de deportación.
La defensa señaló como error inicial no haber solicitado un parole a su llegada, trámite que correspondía dado que entró al país siendo menor. Sin embargo, advierten que tras su permanencia legalmente documentada y su conducta intachable, no debería estar expuesto a una expulsión inmediata.
El caso ha generado reacciones en la comunidad cubana y entre otros migrantes, que han mostrado solidaridad y reclaman justicia. En redes sociales, decenas de usuarios han denunciado lo que interpretan como un acto de discriminación contra un joven que ha dado pruebas de integración y responsabilidad.
Araguez relató además que, durante la cita en la oficina de ICE, la familia entregó el pasaporte del joven sin conocer que este documento podría facilitar su deportación. La entrega, según abogados, complica aún más la situación legal.
La familia ha solicitado apoyo público y ha pedido a los congresistas locales y federales que se involucren. Consideran esencial que se visibilice el caso y se evite una deportación que catalogan de injusta y desproporcionada.
El abogado recordó que cada inmigrante debe ser tratado como individuo y no como una estadística, especialmente cuando no existen crímenes ni faltas graves. “No hay justificación para tratarlo como un delincuente”, insistió.
En su análisis, los especialistas advirtieron que el sistema migratorio estadounidense muestra graves inconsistencias. A menudo, los procedimientos se aplican sin tener en cuenta las particularidades de cada persona, generando decisiones que pueden arruinar vidas ya encaminadas hacia la integración social.
Como estrategia para revertir la medida, los abogados recomiendan presionar políticamente mediante la movilización de la comunidad y la intervención de representantes electos. La familia coincide en que el respaldo ciudadano y político puede marcar la diferencia en este caso.
El incidente revela las tensiones y contradicciones en torno a la política migratoria de Estados Unidos, donde la aplicación estricta de la ley choca con historias personales de integración y esfuerzo. Para la familia del joven, la prioridad ahora es evitar que la deportación acabe con su proyecto de vida en el país.
