Congo pacta con Estados Unidos recibir deportados y cubanos rechazados por La Habana podrían terminar en África
La República Democrática del Congo confirmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados de otras nacionalidades, dentro de la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. La medida, anunciada por el Gobierno congoleño, comenzará a aplicarse este mismo mes y podría alcanzar a cubanos que no sean aceptados de regreso en la Isla por distintos motivos.
Las autoridades de Kinshasa no precisaron cuántas personas serán trasladadas ni cuáles nacionalidades estarán incluidas en la operación. Aun así, dejaron claro que el convenio ya está en marcha y que forma parte del programa de deportaciones hacia terceros países promovido por Washington.
Según el Ministerio de Comunicación congoleño, el acuerdo tendrá carácter temporal. El Gobierno afirmó además que no habrá traslados automáticos ni masivos, pues cada caso será evaluado de manera individual conforme a la legislación nacional y a criterios de seguridad.
El Ejecutivo del Congo también señaló que los costos logísticos del proceso serán asumidos por Estados Unidos. Con esta decisión, el país africano se suma a otras naciones del continente que han aceptado colaborar con la política migratoria estadounidense en materia de expulsiones de extranjeros hacia destinos distintos a sus lugares de origen.
Entre esos países figuran Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y Esuatini. En este último ya han sido enviados migrantes cubanos, lo que refuerza la posibilidad de que el nuevo acuerdo con Congo también incluya a nacionales de la Isla que enfrenten obstáculos para ser recibidos por las autoridades cubanas.
Uno de los casos citados es el de Juan Carlos Font Agüero. El cubano fue deportado a Esuatini después de que La Habana rechazara su retorno debido a sus antecedentes penales en Estados Unidos. Su situación se convirtió en un ejemplo visible del alcance que puede tener esta política para algunos migrantes cubanos.
Font Agüero había vivido en Estados Unidos desde 2003 y cumplió una condena de 17 años por asesinato en segundo grado. Tras salir de prisión, las autoridades estadounidenses iniciaron el proceso para deportarlo a Cuba, pero el régimen alegó que había perdido sus derechos como ciudadano por haber permanecido más de 20 años fuera de la Isla.
Después de esa negativa, el cubano fue trasladado por varios países durante los últimos meses hasta terminar en África. Su hijastra, Yessica de la Caridad García Negrín, denunció que la familia no recibió aviso previo sobre el procedimiento y que tampoco hubo acompañamiento consular durante el proceso.
La política de deportaciones a terceros países ha generado críticas entre abogados, activistas y organizaciones de derechos humanos. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que algunos migrantes incluidos en estos programas cuentan con órdenes de protección emitidas por tribunales migratorios.
Esas órdenes existen precisamente porque esas personas no pueden ser devueltas a sus países de origen sin enfrentar riesgos graves para su seguridad. El traslado a terceros territorios abre así un nuevo debate sobre los límites legales y humanitarios de esta estrategia migratoria.
De acuerdo con reportes legislativos citados por Associated Press, el gobierno estadounidense ha destinado más de 40 millones de dólares a la ejecución de este programa y ha deportado a unas 300 personas a países distintos de los suyos. Esa cifra refleja la magnitud de una política que sigue ampliándose.
En el caso cubano, el riesgo recae sobre quienes sean rechazados por el régimen debido a sus historiales delictivos en Estados Unidos. Aunque La Habana aceptó recientemente a algunos deportados en esas condiciones, como ocurrió en febrero con un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí con 170 cubanos, entre ellos seis con antecedentes penales, la actual tensión diplomática con Washington deja abierta la posibilidad de nuevos cambios.
