La administración de Donald Trump estableció una nueva directriz migratoria que obligaría a muchos migrantes con permisos temporales en Estados Unidos a regresar a sus países de origen mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de residencia permanente, en un nuevo endurecimiento de la política migratoria federal.
La medida afecta a extranjeros que iniciaron procesos de ajuste de estatus bajo la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según un documento citado por el medio Daily Caller, el gobierno considera que la transición de un estatus temporal de no inmigrante a residente permanente debe completarse, por regla general, fuera de territorio estadounidense.
En la práctica, la nueva interpretación obligaría a numerosos solicitantes de green card a abandonar EEUU para continuar el trámite mediante procesamiento consular. Los migrantes tendrían que someterse a verificaciones adicionales y obtener una visa de inmigrante a través del Departamento de Estado antes de regresar como residentes permanentes legales.
La disposición forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Casa Blanca para cerrar lo que la administración describe como una “laguna legal” utilizada por migrantes para permanecer dentro del país mientras esperan la aprobación de sus casos migratorios.
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, defendió el cambio y aseguró que el objetivo es restaurar el propósito original de la legislación migratoria estadounidense. Según explicó, existe una diferencia entre la admisión temporal al país y el derecho a obtener residencia permanente.
El documento también establece que solo en “circunstancias extraordinarias” los solicitantes podrían completar el ajuste de estatus dentro de EEUU. En esos casos, funcionarios del USCIS deberán revisar cada expediente de manera individual y evaluar los factores relevantes antes de conceder ese beneficio administrativo.
La Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite ajustar el estatus migratorio a quienes fueron inspeccionados y admitidos legalmente, o puestos bajo libertad condicional dentro de Estados Unidos. Para acceder a ese beneficio, el solicitante debe ser elegible para una visa de inmigrante, resultar admisible y contar con una visa disponible al momento de aplicar.
Durante años, esa disposición permitió que miles de migrantes completaran el proceso de residencia permanente sin abandonar territorio estadounidense. Sin embargo, la nueva guía prioriza el procesamiento consular y restringe la posibilidad de finalizar el trámite dentro del país.
El endurecimiento de las políticas migratorias coincide además con nuevas acciones dirigidas contra residentes permanentes legales. El Departamento de Seguridad Nacional creó recientemente una unidad especializada para revisar expedientes de titulares de green card en todo el país.
Según reportó The New York Times, al menos 50 residentes permanentes aparecen entre los primeros casos identificados para posibles procesos de deportación bajo el nuevo plan. Las autoridades buscan ampliar las revisiones hacia personas que ya poseen estatus legal en EEUU.
Hasta el pasado 7 de mayo, unos 2.890 expedientes habían sido analizados o permanecían bajo evaluación. De acuerdo con la información divulgada, en aproximadamente el 80% de los casos revisados las autoridades determinaron que no era necesaria ninguna acción adicional.
No obstante, más de 500 residentes permanentes continúan pendientes de una decisión final. El gobierno sostiene que la iniciativa busca detectar casos de fraude migratorio o personas que puedan representar riesgos para la seguridad nacional, en medio de una política cada vez más restrictiva hacia la inmigración legal e irregular.
