USCIS cambia las reglas de residencia permanente en EE.UU. y aumenta el análisis económico de los solicitantes
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará desde el próximo 18 de septiembre una nueva interpretación de la llamada “carga pública”, que permitirá a los funcionarios evaluar más aspectos económicos y personales de los inmigrantes que soliciten la residencia permanente. La medida busca determinar si existe la posibilidad de que un solicitante dependa principalmente de la asistencia pública en el futuro.
El cambio modifica las reglas aplicadas desde 2022 durante la administración de Joe Biden y devuelve a USCIS una mayor capacidad para analizar cada expediente de manera individual. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la normativa anterior limitaba la información que podían revisar los funcionarios migratorios.
Con la nueva política, los oficiales podrán considerar factores como los ingresos, recursos económicos, edad, situación familiar, educación, habilidades laborales y otros elementos relacionados con la capacidad del inmigrante para mantenerse por sus propios medios.
La modificación no significa que una persona que reciba beneficios públicos perderá automáticamente la posibilidad de obtener una residencia permanente. USCIS deberá analizar el conjunto de circunstancias de cada caso antes de tomar una decisión.
Abogados de inmigración han señalado que el principal cambio es el aumento de la discreción de los funcionarios para revisar más información durante el proceso. La evaluación dependerá de las condiciones particulares de cada solicitante y no de un solo elemento aislado.
La nueva guía establece que los funcionarios deben valorar los factores relevantes en conjunto. Entre los casos que podrían enfrentar un análisis más detallado están las personas con bajos ingresos, dificultades importantes para trabajar o dependencia económica de familiares que tampoco cuentan con una situación financiera estable.
Para la comunidad cubana en Estados Unidos, la medida puede tener impacto en algunos procesos migratorios. Aunque muchos cubanos llegan mediante vías con reglas particulares y algunas categorías pueden estar exentas de la causal de carga pública, familiares que soliciten la residencia por otros caminos podrían quedar sujetos a esta evaluación.
Un ejemplo sería el de cubanos que busquen ajustar su estatus mediante una petición familiar. En esos casos, deberán revisar si la categoría migratoria específica está incluida dentro de las evaluaciones relacionadas con la carga pública.
También podrían ser relevantes las situaciones familiares en las que un solicitante depende económicamente de otros miembros del hogar. Sin embargo, recibir ayuda pública para atención médica, alimentos u otros programas no significa por sí solo que la solicitud será rechazada.
El cambio forma parte de una política migratoria más amplia de la administración de Donald Trump, orientada a aumentar los controles sobre la inmigración legal. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense también ha endurecido la revisión financiera de algunos solicitantes de visas utilizando argumentos relacionados con la posible dependencia de programas públicos.
Para los inmigrantes que preparan una solicitud de residencia, la fecha de presentación será un elemento clave. Las solicitudes de ajuste de estatus entregadas antes del 18 de septiembre seguirán bajo las reglas anteriores, mientras que las presentadas después quedarán sujetas al nuevo estándar, salvo que un tribunal suspenda su aplicación.
USCIS recomienda que las personas con ingresos limitados, adultos mayores o situaciones económicas complejas revisen su caso antes de presentar una solicitud. La nueva norma no establece una prohibición general para quienes reciben asistencia pública, pero aumenta la importancia de demostrar estabilidad económica y posibilidades razonables de mantenerse en Estados Unidos.
