Familias inmigrantes de Florida denunciaron este jueves 15 de octubre la cancelación de sus seguros médicos bajo Medicaid, pese a que algunas podrían continuar recibiendo la cobertura. Los casos surgieron después de que el Departamento de Niños y Familias (DCF) comenzara a aplicar nuevas restricciones federales el 1 de octubre. Abogados advierten que posibles errores en la evaluación migratoria están afectando a beneficiarios protegidos por excepciones legales.
Una investigación de The Florida Trib recoge testimonios de personas que recibieron notificaciones confusas o perdieron sus prestaciones sin conocer los motivos. Los representantes legales cuestionan la actuación del organismo estatal, que no respondió a las solicitudes de información del medio.
Familias denuncian errores en la cancelación de Medicaid
Entre los casos figura Khem Raj Poudel, de 74 años, residente del condado de Marion. El hombre obtuvo asilo político en 2019 y posteriormente consiguió la residencia permanente. Durante 2026, las autoridades rechazaron tres veces su cobertura, aunque sus abogados aseguran que cumple las condiciones para acceder al programa.
El conflicto comenzó en agosto, cuando Poudel perdió sus prestaciones de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) al alcanzar el límite temporal establecido para determinados asilados. Sin embargo, sus representantes sostienen que existen otras categorías que le permitirían mantener la asistencia sanitaria.
Dos comunicaciones oficiales cuestionaron su ciudadanía, mientras otra mencionó circunstancias económicas o familiares. Su hija, Anamika Bennett, explicó que la familia está pagando los medicamentos mientras intenta resolver el expediente. Hasta el 14 de octubre, el DCF no había contestado la apelación ni la consulta escrita presentada.
Una situación diferente enfrenta Leticia, una joven brasileña residente en Boca Ratón. Su cobertura terminó al cumplir 19 años, el 29 de septiembre. Aunque su condición migratoria podría impedir que continúe en Medicaid como adulta, su madre denuncia que no recibió una comunicación formal sobre la decisión.
Lynn Hearn, directora jurídica del Florida Health Justice Project, advirtió sobre numerosas cancelaciones presuntamente incorrectas. Según explicó, entre los perjudicados aparecen menores que deberían conservar sus beneficios. También cuestionó que las notificaciones no siempre indiquen qué clasificación migratoria figura en los registros oficiales.
¿Cómo afectan las nuevas restricciones de Medicaid a los cubanos?
La legislación federal aprobada en 2025 introdujo cambios que comenzaron a aplicarse el 1 de octubre de 2026. Sin embargo, las restricciones no eliminan automáticamente la cobertura de todos los inmigrantes. Existen excepciones para determinados residentes permanentes, personas clasificadas como Cuban/Haitian entrants y beneficiarios de acuerdos migratorios específicos.
Para los cubanos, la categoría Cuban/Haitian entrant requiere cumplir condiciones jurídicas concretas. Quienes poseen un formulario I-220A necesitan una evaluación individual, porque ese documento, por sí solo, no garantiza ni descarta la elegibilidad. También deben satisfacer los requisitos económicos y de residencia establecidos por el programa.
Los menores de 19 años que residen legalmente en Florida mantienen una vía especial para recibir Medicaid. Por tanto, las autoridades deben examinar cada expediente antes de determinar si corresponde suspender las prestaciones.
Cómo reclamar si Florida cancela el Medicaid
Las personas afectadas pueden consultar sus avisos mediante la plataforma MyACCESS y presentar la documentación solicitada. Cuando consideran incorrecta una decisión, generalmente disponen de 90 días desde la notificación para solicitar una audiencia administrativa.
La reclamación puede enviarse al correo [email protected] o gestionarse mediante el teléfono 850-488-1429. No obstante, presentar una apelación dentro de ese plazo no garantiza automáticamente que las prestaciones continúen. Si la solicitud fue rechazada por falta de información, entregar los documentos durante los 90 días posteriores puede permitir una nueva evaluación, mediante un procedimiento diferente.
