Fallo federal complica la residencia de cubanos con I-220A, pero abogada aclara que existen opciones legales

Una reciente decisión de un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos representa un nuevo obstáculo para numerosos cubanos con formulario I-220A que buscan obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, el fallo no elimina automáticamente las posibilidades de todos los afectados.
La abogada de inmigración Anabel Fernández, de la firma Ponton & Fernandez, explicó que las consecuencias dependen de las circunstancias particulares de cada expediente, de acuerdo con declaraciones recogidas por Periódico Cubano.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en el caso Aguiar-Fernández v. U.S. Attorney General, identificado con el número 24-12318, y publicada el 17 de noviembre de 2026.
Los magistrados establecieron que la liberación de un inmigrante bajo la sección 236 de la legislación migratoria estadounidense no equivale al permiso conocido como parole, necesario para cumplir uno de los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano.
Esta interpretación afecta especialmente a quienes ingresaron por la frontera, fueron detenidos por las autoridades migratorias y posteriormente quedaron en libertad mediante un formulario I-220A, sin recibir una autorización de parole.
¿Qué significa el fallo para los cubanos con I-220A?
El caso judicial comenzó con una familia cubana que llegó a territorio estadounidense por las inmediaciones de San Luis, Arizona, en junio de 2021.
Después de entregarse a la Patrulla Fronteriza, sus integrantes recibieron documentos I-220A que identificaban la sección 236 como fundamento de su liberación.
Posteriormente solicitaron la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero un juez de inmigración rechazó la petición al considerar que no reunían las condiciones legales.
La Junta de Apelaciones de Inmigración respaldó esa decisión y la familia acudió al Undécimo Circuito, donde tampoco consiguió revertir el resultado.
Entre los elementos determinantes figuraron la ausencia del formulario I-94 y la negativa expresa de las autoridades migratorias a concederles parole.
El tribunal sostuvo que quienes no fueron inspeccionados y admitidos legalmente necesitan acreditar un parole otorgado conforme a la sección 212(d)(5)(A) para satisfacer ese requisito de la Ley de Ajuste Cubano.
No obstante, Fernández advirtió que sería incorrecto aplicar automáticamente las conclusiones de este expediente a todas las personas que poseen un I-220A.
La especialista recomendó revisar cuidadosamente los documentos de entrada y liberación, así como las decisiones migratorias individuales, antes de determinar qué alternativas permanecen disponibles.
También aconsejó evitar decisiones apresuradas basadas en rumores y buscar asesoramiento jurídico especializado para evaluar los procesos pendientes.
La resolución establece un precedente vinculante dentro del Undécimo Circuito, cuya jurisdicción comprende Florida, Georgia y Alabama.
Aunque el fallo representa una decisión judicial desfavorable para determinados solicitantes, todavía podría solicitarse una revisión ante el propio tribunal de apelaciones o acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.






