Argentina abre la puerta a la ciudadanía para extranjeros con inversiones desde 350.000 dólares
El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la compra de un título público por 800.000 dólares. El Ejecutivo prevé comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 como parte de su estrategia para captar capital extranjero.
La iniciativa fue presentada en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week. El evento reunió a autoridades, empresarios e inversores con el objetivo de promover oportunidades de negocios y atraer recursos hacia la economía argentina.
Las dos alternativas económicas corresponden al solicitante principal. La primera consiste en entregar 350.000 dólares directamente al Estado, sin posibilidad de recuperar el dinero. La segunda permite suscribir un título público de 800.000 dólares creado específicamente para este programa.
El desembolso, sin embargo, no garantizará automáticamente la obtención de la ciudadanía. Los interesados deberán superar un proceso de evaluación destinado a comprobar su identidad, antecedentes y situación financiera, además de descartar posibles riesgos para la seguridad nacional y el sistema financiero.
El esquema también permitirá incluir al cónyuge y a los hijos del solicitante. Cada cónyuge o hijo de entre 18 y 25 años, siempre que sea soltero y no tenga descendencia, deberá realizar un aporte adicional de 100.000 dólares. En el caso de los menores de 18 años, la suma será de 25.000 dólares.
De acuerdo con el Gobierno argentino, una familia compuesta por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría solicitar la nacionalidad mediante aportes por un total de 500.000 dólares. Todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal.
Las autoridades examinarán los antecedentes penales y reputacionales de los interesados, su historial migratorio, patrimonio y situación financiera. También evaluarán los riesgos asociados con los países y jurisdicciones vinculados a cada solicitante y verificarán que los recursos utilizados tengan un origen lícito.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión tendrá un papel central en ese proceso. El organismo coordinará las evaluaciones y podrá apoyarse en entidades estatales como la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera y organismos encargados de seguridad y antecedentes.
Una vez concluido el análisis, la Agencia emitirá un informe con una recomendación favorable o desfavorable. La Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de adoptar la decisión sobre la solicitud. La legislación argentina ya contempla que extranjeros puedan aspirar a la ciudadanía, independientemente del tiempo de residencia, cuando acrediten una inversión considerada relevante.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa forma parte de su política de apertura económica e integración internacional. También plantea que los ingresos obtenidos pueden contribuir a fortalecer las cuentas públicas mientras se incentiva la entrada de capital extranjero bajo controles de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia financiera.
El proyecto argentino presenta semejanzas con la denominada Trump Gold Card impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, aunque existen diferencias importantes en los montos y en el beneficio migratorio. El programa estadounidense ofrece una vía hacia la residencia permanente, no una concesión automática de ciudadanía.
Actualmente, el sitio oficial de la Trump Gold Card establece una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares y, después de superar la revisión de antecedentes, una contribución individual de un millón de dólares. El solicitante también debe cumplir las condiciones para obtener la residencia permanente y ser admisible en Estados Unidos. En Argentina, en cambio, la nueva alternativa parte de 350.000 dólares y está diseñada como un mecanismo para solicitar directamente la ciudadanía bajo los controles establecidos por las autoridades.
