Corte Suprema autoriza deportaciones a terceros países y un cubano figura entre los principales demandantes
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes 29 de septiembre al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países mientras analiza la legalidad de esta política, en un caso que tiene entre sus principales demandantes a un ciudadano cubano. La decisión suspende temporalmente un fallo del juez federal Brian Murphy que había bloqueado el procedimiento por considerar insuficientes las garantías ofrecidas a los afectados.
El máximo tribunal también aceptó revisar el litigio y programó los argumentos para su período de sesiones de diciembre de 2026. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a levantar la suspensión impuesta por tribunales inferiores.
La medida permite a las autoridades migratorias trasladar a una persona a un país diferente del suyo y distinto al destino contemplado originalmente en su proceso de deportación. El procedimiento puede llevar a los inmigrantes a territorios donde no tienen familiares, vínculos previos, dominio del idioma ni recursos para establecerse.
La controversia judicial se concentra en las garantías que deben recibir los afectados antes del traslado. Los abogados de los inmigrantes sostienen que las autoridades deben informarles con anticipación cuál será el país receptor y ofrecerles una oportunidad real para demostrar si allí enfrentarían persecución, tortura u otros peligros.
La administración Trump defiende la política y sostiene que los acuerdos alcanzados con gobiernos extranjeros permiten ejecutar estas expulsiones. Según el Ejecutivo, cuando no existen garantías suficientes de seguridad, los inmigrantes reciben una notificación y pueden presentar objeciones vinculadas con posibles riesgos.
El caso tiene especial relevancia para la comunidad cubana porque uno de los principales demandantes, identificado en los documentos judiciales únicamente como D.V.D., es ciudadano de Cuba. Sus abogados afirman que padece una enfermedad mental grave y sostienen que podría quedar sin acceso al tratamiento médico necesario si es enviado a determinados países.
Su participación, sin embargo, no significa que el proceso establezca normas específicas para los cubanos. La Corte deberá pronunciarse sobre la aplicación general del mecanismo y determinar qué protecciones deben garantizar las autoridades cuando pretenden enviar a una persona a un territorio diferente de su país de origen.
Los tribunales inferiores habían determinado que el gobierno debía proporcionar una notificación adecuada y conceder tiempo suficiente para que el inmigrante pudiera argumentar contra el destino elegido. Murphy declaró ilegal el procedimiento y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó posteriormente aspectos centrales de ese fallo.
El gobierno recurrió nuevamente ante la Corte Suprema después de que las restricciones volvieran a entrar en vigor el 23 de septiembre. El procurador general D. John Sauer alegó que la decisión provocó problemas logísticos, mayores costos y dificultades diplomáticas con países que habían acordado recibir deportados.
Entre los ejemplos presentados por la administración figura la cancelación de un vuelo destinado a trasladar a 70 personas con antecedentes penales hacia tres países. El gobierno afirmó que la intervención judicial también obligó a modificar operaciones y acuerdos previamente coordinados con autoridades extranjeras.
Los demandantes insisten en que no pretenden anular las órdenes de deportación existentes, sino establecer límites sobre la manera en que se ejecutan cuando el destino final es un tercer país. Organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado casos de detenciones prolongadas, abusos y posteriores intentos de devolución hacia los países de origen.
Más de 25.000 migrantes han sido enviados bajo esta modalidad a más de dos decenas de países, según cifras recopiladas por organizaciones defensoras de derechos humanos citadas por Reuters. Mientras la Corte Suprema prepara la audiencia de diciembre y posteriormente emite una decisión definitiva, el gobierno podrá continuar utilizando las deportaciones a terceros países.
