Corte Suprema de EE.UU. autoriza a Trump revocar el TPS para más de 300.000 venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este lunes que la administración del expresidente Donald Trump cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos, una medida que expone a miles de personas a la deportación. El TPS había sido otorgado durante la administración Biden en 2021 y extendido en 2023 para proteger a migrantes afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.
La decisión responde a una solicitud directa de la administración Trump, que argumentó que la permanencia del TPS compromete la seguridad nacional y la capacidad de los servicios públicos en comunidades locales. El fallo representa una victoria judicial clave para Trump, con consecuencias directas para decenas de miles de familias venezolanas que viven y trabajan en Estados Unidos.
El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario creado para ofrecer refugio provisional a ciudadanos de países que enfrentan catástrofes o conflictos. La administración Biden había aprobado una tercera extensión válida hasta octubre de 2026, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esta decisión antes de que entrara en vigor.
Noem justificó la cancelación alegando preocupaciones de seguridad, vinculando a algunos migrantes venezolanos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Esta narrativa ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, quienes la consideran basada en estereotipos y sin respaldo probatorio.
La eliminación del TPS estaba prevista para concretarse en dos fases: una en abril y otra en septiembre de 2025. Ante esto, siete migrantes venezolanos y una organización sin fines de lucro interpusieron una demanda, denunciando que la cancelación vulnera sus derechos y se basa en discriminación racial.
Un juez federal en California respondió con una orden que suspendía temporalmente la revocación del TPS, al considerar que violaba procedimientos legales y podía causar “daños irreparables” a los beneficiarios. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó esta medida, reconociendo además el impacto económico y social negativo que tendría en varias comunidades estadounidenses.
No obstante, el equipo legal de Trump acudió a la Corte Suprema, argumentando que el Poder Judicial no debe intervenir en decisiones ejecutivas de política migratoria, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad del país.
Defensores de los migrantes alertaron que el fin del TPS podría desencadenar despidos masivos y deportaciones hacia Venezuela, un país que sigue inmerso en una crisis política, económica y de derechos humanos.
El fallo de la Corte Suprema se emite en un contexto de creciente debate migratorio en Estados Unidos, y coincide con otro dictamen que limita los poderes del gobierno en casos de deportación, exigiendo mayor garantía procesal para migrantes venezolanos detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
La decisión representa un giro significativo en la política migratoria del país y coloca en riesgo la estabilidad de cientos de miles de personas que han construido su vida en territorio estadounidense. El futuro de estos migrantes, y de sus familias, ahora dependerá de nuevas decisiones legislativas o ejecutivas que puedan revertir este fallo.
