Cuba entrega al Banco Central la educación financiera y desata críticas por el rol del Estado
El Consejo de Estado de Cuba aprobó el Decreto-Ley 115 sobre la Educación Financiera, que asigna al Banco Central de Cuba (BCC) la responsabilidad de liderar la enseñanza financiera en el país. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial del 26 de enero de 2026 y establece el marco legal para implementar la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en un contexto marcado por la crisis económica y el debate sobre las prioridades del Estado.
Según el texto legal, el BCC asumirá la coordinación general de la estrategia, con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera y proteger los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros. La medida busca dotar a la población de herramientas para tomar decisiones informadas en un sistema económico cada vez más complejo.
El decreto define una estructura institucional encabezada por un Comité Estratégico, un Grupo Líder y un Comité Técnico, encargados de supervisar, ejecutar y garantizar la sostenibilidad del programa. Estas instancias deberán articular acciones entre organismos estatales, entidades financieras y otros actores involucrados.
La Estrategia Nacional de Educación Financiera, según la norma, involucra tanto a personas naturales como jurídicas, lo que amplía su alcance más allá del ámbito doméstico y la orienta también al sector empresarial y productivo. El texto no detalla contenidos específicos, pero sí fija principios generales de acceso y cobertura.
El Decreto-Ley establece que los programas deberán ser accesibles y sostenibles, sin excluir a ningún grupo social. Para ello, se prevé la impartición de cursos y actividades en modalidades presenciales, virtuales y mixtas, con el fin de sortear las limitaciones geográficas y tecnológicas existentes en la isla.
La decisión ha generado críticas dentro y fuera de Cuba, especialmente por delegar funciones educativas a una institución de carácter monetario. Analistas cuestionan que la educación financiera no quede bajo la rectoría del Ministerio de Educación, como ocurre en otros países.
El economista cubano Pedro Monreal señaló que el Banco Central ha mostrado incapacidad para cumplir su función esencial de preservar la estabilidad del poder adquisitivo del peso cubano, por lo que cargarle una tarea adicional podría resultar contraproducente.
Monreal subrayó que la educación financiera debería recaer en entidades educativas especializadas, con experiencia pedagógica, y no en un organismo económico ya sobrecargado de responsabilidades en medio de una coyuntura crítica.
La aprobación del Decreto-Ley 115 coincide con un momento en que otras normas clave, como la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra y la Ley de Empresas, continúan postergadas. Para algunos críticos, esta priorización revela una desconexión entre la estrategia anunciada y las urgencias estructurales de la economía cubana.
En ese contexto, voces críticas consideran que la nueva política carece de urgencia y relevancia, dado el deterioro del nivel de vida, la inflación persistente y la pérdida de confianza en el sistema financiero nacional.
El Decreto-Ley establece que la norma entrará en vigor 30 días después de su publicación, plazo tras el cual el Banco Central y los organismos implicados deberán comenzar su implementación formal.
La legislación también obliga a las entidades responsables a rendir cuentas sobre los resultados de la estrategia, un punto que será observado con atención por especialistas y por la comunidad cubana en el exterior, atenta a los cambios regulatorios que impactan la vida económica de la isla.
