Cubana pierde batalla judicial contra España por visado de estudios pese a tener familiares que pagarían sus gastos
Una cubana que solicitó un visado de estudios para cursar Técnico en Higiene Bucodental en España perdió la batalla judicial contra la negativa del Consulado General de España en La Habana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la decisión en una sentencia del 3 de julio de 2026, al considerar que la documentación presentada no demostraba una solvencia económica suficiente para cubrir su estancia.
La joven había sido aceptada en Cesforem Formación, un centro educativo de A Coruña, para realizar un ciclo oficial de dos años que comenzaría en septiembre de 2025. Para respaldar su solicitud presentó documentos bancarios, familiares dispuestos a asumir sus gastos y una declaración de alojamiento en España.
Sin embargo, el Consulado General de España en La Habana rechazó la solicitud el 17 de julio de ese año y mantuvo la decisión después del recurso presentado por la interesada. Posteriormente, el caso llegó a los tribunales, donde los magistrados analizaron si existían pruebas suficientes sobre la capacidad económica de la estudiante y sus patrocinadores.
La sentencia, publicada por Iberley, señala que disponer de fondos, familiares en España o una plaza educativa no implica automáticamente que la administración considere acreditada la solvencia requerida para obtener un visado de estudios.
El tribunal analizó los fondos y la capacidad económica familiar
Uno de los elementos revisados fue el dinero disponible en Cuba. La resolución consular utilizó la tasa oficial de 120 pesos cubanos por dólar estadounidense para convertir los fondos declarados por la solicitante y calcular su equivalencia en euros.
No obstante, la sentencia aclara que tener dinero en pesos cubanos no constituye por sí mismo una causa para denegar una visa. El punto determinante fue si esos recursos, junto con los aportados por sus familiares, garantizaban realmente la manutención durante la estancia en España.
Los tíos de la joven, residentes en A Coruña, habían firmado ante notario un compromiso para ofrecerle alojamiento y asumir sus gastos. Uno de ellos recibía una pensión neta mensual de 1.936,48 euros y la familia contaba con ahorros y declaraciones fiscales que reflejaban ingresos superiores a los 31.000 euros brutos durante 2024.
Pese a esas cifras, la Sala consideró necesario evaluar las obligaciones económicas de los familiares y determinar cuánto dinero podían destinar a la estudiante después de cubrir sus propios gastos.
La cifra que terminó siendo clave en la decisión judicial
Para calcular las necesidades económicas del primer año, el tribunal tomó como referencia 7.200 euros para manutención, una cantidad vinculada al IPREM utilizado en este tipo de trámites. Debido a que la estudiante tendría alojamiento proporcionado por sus tíos, esa cifra podía reducirse a 3.600 euros.
A ese monto se sumaron los pagos pendientes del curso académico y los gastos aproximados de viaje. La estudiante ya había abonado 250 euros como reserva, pero debía completar otros 12 pagos del mismo importe. Además, los magistrados añadieron unos 1.200 euros correspondientes a los vuelos.
Tras realizar los cálculos, el tribunal estableció que el expediente debía demostrar respaldo económico cercano a los 7.550 euros. Según la resolución, las pruebas aportadas no permitían confirmar que la familia pudiera asumir ese compromiso sin afectar sus gastos habituales.
Por esa razón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso, confirmó la negativa del visado e impuso las costas judiciales a la demandante, con un límite de 500 euros más IVA en honorarios de abogado.
El fallo ofrece una referencia para otros cubanos que preparan solicitudes de estudios en España, ya que muestra que las autoridades no solo revisan el saldo de una cuenta bancaria, sino también el origen del dinero, los ingresos de los patrocinadores y su capacidad económica real.
El caso ocurre en un contexto de alta demanda de visados españoles desde Cuba y mientras se preparan cambios en la gestión de estos trámites en La Habana. Además, existen otras alternativas migratorias vinculadas a la formación, como los visados para prácticas profesionales y las opciones de residencia laboral disponibles para algunos estudiantes después de finalizar sus estudios.
