Cubana podría perder la ciudadanía de EE.UU. por lo que habría ocultado al naturalizarse
El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil para retirar la ciudadanía estadounidense a Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana de 40 años residente en Miami, al considerar que ocultó su participación en una operación de lavado de dinero cuando solicitó la naturalización en 2015. El caso será resuelto por un juez federal del Distrito Sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, Acosta Torres obtuvo la ciudadanía mientras permanecía activa una conspiración relacionada con el robo de unos 5,3 millones de dólares al Miccosukee Resort & Gaming, en Miami-Dade. Los documentos judiciales sitúan el funcionamiento del esquema entre enero de 2011 y octubre de 2018.
Las autoridades sostienen que la mujer proporcionó información falsa en el Formulario N-400, utilizado para solicitar la naturalización, y durante una entrevista realizada bajo juramento. En ambos procedimientos negó haber cometido o colaborado en delitos por los cuales no hubiera sido detenida.
La investigación federal indica que empleados del casino y personas externas manipulaban máquinas tragamonedas con el objetivo de generar comprobantes falsos de crédito. Posteriormente, esos documentos eran presentados como premios legítimos y canjeados por dinero en efectivo.
Entre los implicados figuró Johander Jorrin Melhen, esposo de Acosta Torres y trabajador del establecimiento. De acuerdo con los fiscales, utilizaba su acceso a los sistemas del casino para generar créditos inexistentes que después eran cobrados como si correspondieran a ganancias reales.
A la cubana, por su parte, las autoridades le atribuyen participación en el movimiento y ocultamiento del dinero obtenido mediante el fraude. Para realizar esas operaciones abrió y utilizó cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America, según la documentación del caso.
Los fiscales aseguran que los depósitos se realizaban de manera fraccionada y, casi siempre, por cantidades inferiores a los 10.000 dólares. El Gobierno considera que esa estrategia buscaba evitar los mecanismos de vigilancia utilizados por las instituciones financieras para detectar determinadas operaciones.
Acosta Torres depositó aproximadamente 39.863 dólares en una cuenta bancaria y otros 16.830 dólares en una segunda. Cuando posteriormente aceptó responsabilidad penal por los hechos, reconoció haber colaborado en el lavado de al menos 147.970 dólares procedentes del esquema.
Parte de esos fondos fue utilizada para adquirir una vivienda en Miami, tres vehículos y planes universitarios prepagados para los hijos de la pareja. El Gobierno federal sostiene que Acosta Torres conocía que el dinero empleado en esas compras provenía de actividades ilegales.
Los cargos penales contra la cubana fueron presentados en julio de 2019. El 30 de enero de 2020 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia estableció seis meses de prisión, 36 meses de libertad supervisada y el pago de 147.970 dólares en concepto de restitución.
La condena penal, sin embargo, no provocó automáticamente la pérdida de la ciudadanía. Para conseguir la anulación de su naturalización, los abogados del Gobierno deberán demostrar ahora que Acosta Torres proporcionó información falsa de manera deliberada y que esas respuestas tuvieron influencia en la decisión de concederle la nacionalidad. También sostienen que no cumplía con el requisito de buena conducta moral.
Mientras el proceso civil continúa, Acosta Torres mantiene sus derechos como ciudadana estadounidense y puede responder a las acusaciones, presentar pruebas y cuestionar el momento en que habría comenzado su participación en la trama. Si recibe una sentencia adversa, tendría diez días para entregar su certificado de naturalización, pasaporte y otros documentos. La decisión no implicaría una deportación inmediata, pues cualquier intento de expulsarla de Estados Unidos requeriría un procedimiento separado ante un juez de inmigración
