Un ciudadano cubano que ingresó a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario enfrenta una posible deportación tras ser detenido en Texas por conducir bajo los efectos del alcohol. El arresto ha generado preocupación entre sus familiares, quienes temen que el incidente comprometa su estatus migratorio, exponiéndolo a la repatriación a Cuba.
El abogado de inmigración Jesús Novo explicó al periodista Mario J. Pentón que, si bien un DUI no es considerado un delito grave, esta infracción puede complicar la situación legal del cubano. “Si no tuviera problemas legales, podría haber solicitado la residencia tras un año y un día en el país”, comentó Novo. Sin embargo, el arresto coloca al ciudadano en una situación delicada y en riesgo de deportación.
Para evitar la deportación, el abogado indicó que el cubano necesitaría que un familiar solicite un perdón en su nombre. En caso de no contar con esa posibilidad, la única alternativa viable sería presentar una solicitud de asilo, un proceso que, de tener éxito, le permitiría permanecer en Estados Unidos. No obstante, este arresto supone un obstáculo considerable en su proceso de integración en el país.
Este caso se suma a las crecientes dificultades que enfrentan cubanos beneficiados por el programa de parole humanitario, un programa que ha visto una notable disminución en el número de aprobaciones en los últimos meses. En septiembre, solo 1.370 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití lograron ingresar a Estados Unidos bajo este programa, una reducción significativa respecto a las 7.000 u 8.000 solicitudes aprobadas en meses anteriores.
En particular, solo 298 cubanos lograron ingresar a Florida mediante permisos de CBP en septiembre, el número más bajo desde que comenzó el programa en enero de 2023. El abogado Willy Allen advierte que el programa podría enfrentar una “muerte lenta”, debido a la revisión en curso por parte del Congreso y a las investigaciones en torno a casos de fraude. Además, la reelección de Donald Trump es vista como una amenaza importante para el futuro del parole humanitario, dado su enfoque restrictivo en materia migratoria.
En paralelo, otro caso conmueve a la comunidad cubana en el extranjero. Una familia de Cuba enfrenta dificultades para acceder al seguro de vida de una madre que fue asesinada en Florida hace ocho años. La mujer, que llevaba solo siete meses en Estados Unidos, dejó huérfano a un niño de un año, quien quedó al cuidado de su abuela en Cuba. Desde el trágico incidente, la familia ha intentado cobrar el seguro de vida, cuyo dinero permanece en una cuenta bancaria en Miami, siendo la abuela del niño la beneficiaria.
Para obtener los fondos, la abuela contrató un bufete internacional, que confirmó que el dinero se encuentra seguro en una cuenta en Miami. No obstante, la ley estadounidense limita las transferencias directas de fondos a Cuba, por lo que la abuela deberá designar a un albacea que gestione el dinero desde Estados Unidos.
De acuerdo con el abogado, el dinero deberá ser colocado en un trust o fideicomiso, permitiendo que el niño acceda a los fondos una vez cumpla los 18 años. Esta solución permite que la familia se beneficie del seguro de vida, cumpliendo a su vez con las restricciones legales entre ambos países.
Ambos casos reflejan los desafíos legales y migratorios que enfrentan familias cubanas en Estados Unidos, quienes, a pesar de contar con apoyo legal, se enfrentan a complicaciones derivadas de las políticas migratorias y las restricciones de transferencias entre ambos países.
