InmigraciónNoticias

Denuncian al Consulado de España en Cuba por presuntas irregularidades en la Ley de Nietos

Denuncian al Consulado de España en Cuba por presuntas irregularidades en la Ley de Nietos (Captura de pantalla © Gaby Moreno – YouTube)

El sindicato español Manos Limpias presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra nueve cónsules destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela por presuntas irregularidades en la concesión de nacionalidades mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. El escrito, fechado el 14 de octubre de 2026, solicita investigar posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.

La acción incluye al responsable del Consulado de España en La Habana y a funcionarios de otras ocho sedes diplomáticas, según informaron los medios españoles The Objective e Hispanidad. Los consulados señalados se encuentran en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas.

La denuncia fue promovida por Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, quien invoca los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal español. La organización cuestiona si las autoridades consulares aprobaron expedientes de ciudadanía sin comprobar adecuadamente la autenticidad de los documentos y el cumplimiento de los requisitos legales.

Denuncian concesiones de nacionalidad con fotocopias

Uno de los principales señalamientos apunta a la supuesta aceptación de simples fotocopias para resolver solicitudes de nacionalidad. Manos Limpias sostiene que determinadas oficinas habrían utilizado procedimientos insuficientes de verificación documental para acelerar los trámites ante el elevado volumen de expedientes recibidos.

El sindicato también cuestiona la aprobación de solicitudes relacionadas con antepasados españoles que emigraron antes del 18 de julio de 1936. Según su interpretación, algunas concesiones pudieron basarse en criterios administrativos que excederían los derechos establecidos por la legislación española.

Las acusaciones alcanzan la instrucción del 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta disposición desarrolló los procedimientos para aplicar la Ley de Memoria Democrática y establecer los documentos necesarios para acreditar determinadas circunstancias familiares.

¿Qué establece la Ley de Nietos sobre los descendientes?

La normativa presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron su país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para quienes emigraron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, exige documentación que acredite esa condición.

Sin embargo, la legislación contempla diferentes vías para acceder a la ciudadanía española. Por esa razón, tener antepasados que emigraron antes de 1936 no demuestra, por sí solo, que una nacionalidad haya sido concedida de manera irregular.

Manos Limpias argumenta que una instrucción administrativa no puede ampliar los derechos reconocidos por una ley. Su denuncia busca que la Fiscalía examine tanto los procedimientos utilizados en los consulados como la interpretación jurídica aplicada para aprobar las solicitudes cuestionadas.

¿Qué puede ocurrir con los cubanos beneficiados?

La inclusión del Consulado español en La Habana genera inquietud entre familias cubanas que han utilizado la Ley de Nietos para obtener la ciudadanía europea. Este procedimiento ha permitido a numerosos descendientes de españoles acceder a una nacionalidad que facilita su establecimiento legal en España.

La organización denunciante solicita revisar las actuaciones consulares y los expedientes presuntamente irregulares. También plantea posibles implicaciones electorales relacionadas con los derechos de participación política que adquieren quienes obtienen la nacionalidad española.

No obstante, la presentación de una denuncia no demuestra que se hayan cometido delitos ni supone la anulación automática de las ciudadanías concedidas. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existen fundamentos para investigar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y decidir sobre cualquier consecuencia legal.

Leave a Response

Salir de la versión móvil