Deportaciones en EE. UU. se aceleran tras fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
La Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó una apelación que permite la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, otorgando al gobierno de Donald Trump mayores poderes para deportar a migrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad nacional. La decisión, tomada el pasado 15 de marzo, impactará principalmente a inmigrantes venezolanos, algunos de los cuales han sido deportados por presuntos vínculos con pandillas violentas, como el Tren de Aragua.
La apelación presentada ante el máximo tribunal del país buscaba revertir una orden previa que bloqueaba la aplicación de esta normativa, una ley histórica creada en 1798. La Corte suspendió dicha orden, permitiendo que el gobierno continúe con las deportaciones de aquellos migrantes identificados como una amenaza. La norma, aunque rara vez utilizada, permite expulsar a personas en tiempos de guerra o cuando un “enemigo” es considerado un peligro para la nación.
Este fallo judicial también establece que los migrantes afectados por la ley deberán ser notificados adecuadamente sobre su situación y se les otorgará la oportunidad de apelar mediante demandas de hábeas corpus. La medida fue celebrada por las autoridades estadounidenses, que consideran un avance en la lucha contra el crimen organizado y las amenazas a la seguridad del país.
Por otro lado, tres jueces progresistas de la Corte Suprema expresaron su desacuerdo con la decisión, argumentando que la aplicación de esta ley podría socavar el Estado de derecho y las garantías legales para los inmigrantes. La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, calificó esta medida como un ataque a los derechos fundamentales de los migrantes, mientras que la magistrada Ketanji Brown Jackson lamentó que se hubiera tomado la decisión sin un debate exhaustivo o argumentos orales.
El gobierno de Trump defendió la medida, señalando que refuerza la seguridad en las fronteras del país. Las secretarias de Justicia y Seguridad Nacional, Pam Bondi y Kristi Noem, respectivamente, aseguraron que este fallo representa una “victoria histórica” para la aplicación de la ley y la seguridad nacional. Trump también celebró el fallo en su cuenta de Truth Social, destacando su compromiso con la seguridad fronteriza.
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por primera vez el 15 de marzo de 2025, permite al presidente deportar a inmigrantes indocumentados cuando se considera que representan una amenaza para la seguridad del país. En los últimos días, las autoridades han deportado a más de 200 venezolanos bajo esta normativa, enviándolos a El Salvador, donde están siendo retenidos en condiciones de máxima seguridad. Se ha señalado que muchos de estos migrantes están presuntamente vinculados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El acelerado proceso de deportación ha generado preocupaciones entre abogados especializados en inmigración. Aseguran que el ritmo rápido de las deportaciones impide que los migrantes tengan tiempo suficiente para presentar apelaciones o desafiar su expulsión en los tribunales.
Un caso destacado es el de Kilmar Armando Abrego García, un inmigrante de Maryland que fue deportado por error a El Salvador. Este incidente pone de manifiesto los riesgos inherentes a la aplicación de una ley que otorga poderes extraordinarios sin las debidas garantías legales para los afectados. La situación resalta la importancia de un proceso judicial más exhaustivo y riguroso en las deportaciones bajo esta normativa.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema ha abierto la puerta a una mayor aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que podría intensificar la deportación de migrantes considerados peligrosos para la seguridad nacional. Sin embargo, las críticas sobre la rapidez en la implementación de la ley siguen siendo un tema candente en el debate público y judicial.
