EE.UU. exigirá hasta $15.000 a solicitantes de visa de turismo o negocios a partir del 20 de agosto
El Departamento de Estado de Estados Unidos implementará, a partir del 20 de agosto, un programa piloto que impone un pago de hasta 15.000 dólares a ciertos solicitantes de visas B-1 y B-2 (negocios y turismo). Esta medida busca garantizar que los viajeros cumplan con los términos de su estancia y no permanezcan ilegalmente en territorio estadounidense.
El nuevo requisito aplicará a ciudadanos de países que presentan altas tasas de permanencia ilegal o sistemas deficientes para verificar antecedentes. La fianza actuará como un incentivo para respetar los plazos de estadía autorizados por la visa.
Cada año, cientos de miles de personas exceden el tiempo permitido bajo este tipo de visado. Ante este panorama, el gobierno estadounidense busca reforzar sus políticas migratorias y reducir los casos de inmigración ilegal.
La cantidad a pagar —5.000, 10.000 o hasta 15.000 dólares— será determinada tras una evaluación individual del perfil del solicitante, tomando en cuenta sus antecedentes migratorios y posibles factores de riesgo.
El pago deberá realizarse a través de la plataforma Pay.Gov utilizando el formulario I-352. No obstante, algunos solicitantes podrían ser elegibles para solicitar una exención, dependiendo de su situación personal.
Este programa no afectará a los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visas (VWP), quienes pueden viajar a Estados Unidos por estancias cortas sin necesidad de visa.
Aunque ahora se reactiva, la propuesta no es nueva. Fue planteada por el Departamento de Estado en 2020 bajo la administración Trump, pero su implementación fue suspendida debido a la pandemia. El proyecto actual se ampara en la Orden Ejecutiva 14159, también firmada por Trump, con el objetivo de evitar que Estados Unidos asuma los costos de visitantes que no cumplen con las condiciones migratorias.
Las autoridades explicaron que este plan piloto servirá para evaluar la viabilidad operativa y administrativa de las fianzas dentro del sistema migratorio, lo cual podría sentar precedentes para futuras políticas en la materia.
De cara a este nuevo escenario, los solicitantes de visa deben prepararse con mayor rigurosidad. Es clave no tener alertas migratorias ni antecedentes negativos, así como demostrar fuertes vínculos con su país de origen, como empleo, propiedades o familia.
También se debe acreditar capacidad económica suficiente para costear el viaje y reunir toda la documentación exigida. Errores como ofrecer información falsa, presentar documentos incompletos o mostrar actitudes evasivas durante la entrevista consular pueden resultar en la denegación inmediata del visado.
Esta nueva política agrega una barrera económica significativa que podría afectar a ciudadanos de países con limitaciones financieras. Su aplicación selectiva, según el país de origen, también ha generado inquietudes sobre posibles sesgos y consecuencias diplomáticas.
