Una nueva norma de la administración de Donald Trump modificará el procesamiento de determinadas solicitudes de asilo afirmativo en Estados Unidos al permitir que algunos casos pasen directamente ante un juez de inmigración, sin la habitual entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El Gobierno busca con el cambio reducir evaluaciones duplicadas y aliviar los atrasos acumulados en el sistema migratorio.
La disposición establece que los expedientes afectados dejarán de pasar inicialmente por la entrevista ante USCIS y serán enviados a un tribunal de inmigración. Allí, un juez deberá analizar las pruebas y determinar si el solicitante puede permanecer legalmente en Estados Unidos o queda sujeto a una orden de expulsión.
El cambio se aplica exclusivamente al asilo afirmativo. Este procedimiento corresponde a personas que se encuentran dentro de territorio estadounidense y presentan una solicitud de protección ante USCIS sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haya iniciado previamente un proceso de deportación contra ellas.
Los solicitantes de asilo defensivo no están incluidos en la modificación. En esos casos, el inmigrante ya se encuentra sometido a procedimientos de expulsión y presenta su petición de asilo como defensa para evitar ser deportado de Estados Unidos.
Cuando un expediente de asilo afirmativo pasa ante un juez de inmigración, la petición deja de tramitarse ante USCIS y comienza a tratarse dentro de un procedimiento defensivo. El magistrado no se limita a revisar actuaciones anteriores, sino que examina nuevamente el caso, las evidencias presentadas y el testimonio del solicitante.
Para conceder la protección, el juez debe determinar que la persona cumple con la definición legal de refugiado. El inmigrante tendrá que demostrar persecución pasada o un temor fundado de sufrirla en el futuro por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular.
También deberá existir una relación entre alguno de esos motivos protegidos y el daño sufrido o temido. Durante la evaluación, el juez puede revisar la credibilidad del relato, posibles contradicciones, documentos de respaldo y las condiciones existentes en el país de origen del solicitante.
El tribunal puede requerir pruebas adicionales, aunque un testimonio considerado creíble, persuasivo y específico puede resultar suficiente. Además, el juez analiza posibles impedimentos legales, incluidos el plazo de un año para solicitar asilo, determinados delitos graves, participación en persecuciones, asuntos de seguridad nacional o reasentamiento previo en otro país.
Incluso si una persona cumple con los requisitos básicos, la concesión del asilo tiene carácter discrecional. El juez puede aprobar o denegar la petición y, según las circunstancias del expediente, evaluar otras formas de protección, como la suspensión de deportación o la cobertura de la Convención contra la Tortura.
Hasta ahora, la entrevista de asilo afirmativo ante USCIS consistía en una reunión privada con un oficial especializado. El solicitante prestaba juramento, confirmaba datos personales y migratorios y revisaba la información presentada en el formulario I-589. Después debía explicar las circunstancias que motivaban su solicitud.
Durante esa entrevista, el oficial podía preguntar quién provocó las amenazas o persecución, cuáles fueron los motivos y qué peligro enfrentaría el inmigrante si regresara a su país. USCIS también comparaba las declaraciones con documentos y registros anteriores. El solicitante podía acudir acompañado de un abogado, utilizar intérprete y presentar testigos o nuevas evidencias.
El DHS sostiene que el sistema anterior podía generar dos evaluaciones sucesivas del mismo caso, primero ante USCIS y posteriormente ante un juez, lo que consumía recursos y contribuía a los atrasos. El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que el sistema de asilo ha sido utilizado para prolongar procedimientos y obtener permisos de trabajo, y aseguró que la nueva regla pretende concentrar los recursos en resolver de manera oportuna las solicitudes que las autoridades consideran legítimas.
