Jueza de Miami mantiene viva demanda de 992 cubanos con I-220A que buscan reconocimiento de parole
La jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para cerrar dos demandas presentadas por 992 cubanos con formulario I-220A que buscan que ese documento sea reconocido como parole humanitario para efectos migratorios. La decisión, emitida el jueves, permite que los casos continúen en los tribunales, aunque no concede todavía ese beneficio a los demandantes.
Los procesos judiciales conocidos como Bello-Rubio y Morejón seguirán activos después de que la magistrada determinara que existen argumentos suficientes para continuar con la revisión del caso. La resolución representa un avance procesal para los inmigrantes cubanos involucrados, pero no significa que quienes poseen un I-220A hayan recibido parole ni que puedan solicitar automáticamente la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La abogada de inmigración Claudia Cañizares, integrante del equipo legal de los demandantes, explicó que el objetivo principal de la audiencia era determinar si las demandas serían desestimadas o si podrían continuar su camino judicial.
“Lo principal era tomar una decisión respecto a si el caso se iba a desestimar o no. El motion to dismiss está negado. La demanda sigue en pie”, declaró Cañizares tras la audiencia.
Con esta decisión, los abogados podrán continuar desarrollando sus argumentos y preparar las próximas etapas del proceso, que podrían definir el futuro migratorio de miles de cubanos que recibieron un I-220A después de ser liberados por las autoridades migratorias estadounidenses.
El tribunal deberá celebrar una nueva audiencia para analizar si las demandas pueden avanzar como una acción colectiva o “class action”. De aprobarse esa condición, una eventual decisión favorable podría beneficiar no solo a los demandantes actuales, sino también a otros cubanos en situaciones similares.
Sin embargo, la certificación como demanda colectiva todavía no ha sido aprobada. Cañizares aclaró que la jueza no tomó una decisión sobre ese punto durante la audiencia y que será necesario celebrar un proceso separado para evaluar esa posibilidad.
Según la abogada, una de las preocupaciones del tribunal no estaría relacionada con la cantidad de posibles beneficiarios, sino con la forma de identificar a todas las personas que podrían integrar la clase. Los abogados consideran que existen mecanismos para localizar a los cubanos que ingresaron bajo determinadas condiciones, recibieron un I-220A y posteriormente no obtuvieron parole.
Durante la audiencia también se ordenó modificar algunos documentos presentados inicialmente para precisar mejor los argumentos legales de los demandantes y explicar con mayor claridad cuál es la solución que solicitan al tribunal.
Otro punto que generó preocupación entre algunos inmigrantes cubanos fue una frase atribuida a la jueza Becerra, quien habría señalado que la decisión final podría no satisfacer completamente a ninguna de las partes. Cañizares explicó que ese comentario no representa una decisión tomada contra los demandantes.
La abogada señaló que un fallo judicial podría favorecer algunos argumentos de los cubanos, pero no necesariamente conceder exactamente el remedio solicitado. También existe la posibilidad de que el tribunal resuelva ciertos aspectos legales sin aprobar una acción colectiva que extienda el resultado a miles de personas.
El caso mantiene la atención de miles de cubanos con I-220A que esperan una solución migratoria definitiva. Actualmente, ese documento de libertad supervisada no es considerado automáticamente como parole por las autoridades migratorias, lo que ha limitado el acceso de muchos beneficiarios a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
