La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido mantener el bloqueo temporal de una nueva ley migratoria de Florida promulgada por el gobernador Ron DeSantis. En una medida que se toma como un respaldo a la defensa de los derechos de los inmigrantes, el alto tribunal rechazó este miércoles una apelación de emergencia presentada por el estado sureño, validando la paralización de la ley que impone sanciones penales a los migrantes irregulares.
La decisión, que llega tras la apelación del estado, frena temporalmente la implementación de la ley firmada por DeSantis en febrero de este año. La corte de mayoría conservadora se negó a revocar el fallo inicial, dictado por la jueza de distrito Kathleen Williams, quien había suspendido su aplicación en abril al cuestionar su constitucionalidad.
Este fallo mantiene suspendida la aplicación de la ley, lo que significa que, por el momento, no podrá entrar en vigor hasta que haya una decisión definitiva por parte del tribunal o una nueva revisión del caso. La propuesta de DeSantis, que prevé sancionar a los inmigrantes indocumentados que ingresen a Florida, ha generado un fuerte rechazo en varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes consideran que la inmigración es una competencia del gobierno federal y no de los estados.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, defendió la ley, argumentando que es esencial para proteger a los residentes del estado de lo que describió como un “diluvio de inmigración ilegal”. Uthmeier aseguró que las políticas migratorias impulsadas por DeSantis se alinean estrechamente con las de la administración Trump, particularmente en cuanto al control de la inmigración ilegal.
La medida que propuso DeSantis también otorga a las fuerzas policiales locales amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, ampliando la cooperación con las autoridades federales. Esta ley se asemeja a la de Texas, la cual también fue bloqueada cautelarmente por tribunales federales, pero que todavía sigue siendo un tema de debate legal.
Mientras tanto, en la ciudad de Key West, Florida, el debate sobre la cooperación local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) da un giro inesperado. En una reunión celebrada ayer, la comisión de la ciudad votó por reactivar el programa 287(g), que permite a la policía local colaborar con ICE en la detención de inmigrantes indocumentados. Este programa, que fue una de las medidas clave en la política migratoria de la administración Trump, fue suspendido previamente por el gobierno de Key West. Sin embargo, la nueva votación aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra, permite que la policía local participe activamente en las labores de inmigración.
El fiscal general Uthmeier celebró la decisión de Key West, calificándola de “estupenda” a través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter). La medida representa un cambio significativo en la política local, que había limitado previamente la cooperación con ICE.
El bloqueo de la nueva ley migratoria de Florida por parte de la Corte Suprema pone en pausa una de las iniciativas más controvertidas de la administración DeSantis. Sin embargo, el cambio en Key West refleja cómo las ciudades de Florida están adoptando posturas cada vez más estrictas en cuanto a la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El desenlace final de este debate sigue siendo incierto y dependerá de las futuras decisiones judiciales.
