Yadira Cantajobs, una migrante cubana originaria de Holguín, fue liberada tras pasar más de 40 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su liberación se produjo después de que sus abogados consiguieran negociar una fianza de 1.500 dólares, permitiendo su regreso a Miami y su reencuentro con su hijo de dos años, nacido en Estados Unidos. Yadira había sido arrestada el 10 de marzo al presentarse a una cita en las oficinas de ICE en Miramar, Florida.
Durante su detención, Yadira fue trasladada del Centro de Transición Broward (BTC) a un centro de detención en California. El proceso de fianza se resolvió rápidamente, permitiendo a la mujer reunirse con su familia. Su esposo, Ernesto, relató con emoción cómo tuvo que mentirle a su hijo durante ese tiempo, asegurándole que su madre estaba trabajando. El pequeño preguntaba constantemente por ella, y Ernesto le prometió que su madre regresaría con un juguete, manteniendo al niño tranquilo.
Un video compartido en redes sociales muestra el emotivo reencuentro entre Yadira y su hijo, donde ella cumple la promesa de entregar el juguete deseado, generando reacciones de apoyo en la comunidad cubana, especialmente entre aquellos con estatus migratorio similar, como los que poseen el formulario I-220A.
Yadira no fue la única cubana afectada por estas detenciones. Denise Reyes, otra mujer detenida en la misma operación, también logró su libertad tras pagar una fianza de 6.000 dólares. Sin embargo, aún no se ha confirmado su liberación definitiva.
Los abogados del despacho Gallardo, encargados de los casos, indicaron que estas detenciones buscan generar un ambiente de miedo en la comunidad migrante. No obstante, insisten en la importancia de que los migrantes acudan puntualmente a las citas migratorias de ICE, ya que es un derecho que deben ejercer bajo el marco legal.
Organizaciones de derechos civiles, abogados especializados y activistas migratorios han expresado la necesidad de que los migrantes cuenten con asesoría legal antes de asistir a las citas migratorias. De acuerdo con estos grupos, la representación jurídica es clave para evitar situaciones de detención innecesarias.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, defensora de la comunidad cubana en el exilio, reiteró en recientes declaraciones que los cubanos con estatus I-220A “no son ilegales” y no deben ser considerados bajo las políticas migratorias más estrictas implementadas durante la administración Trump. En entrevista con el periodista Juan Manuel Cao, Salazar subrayó que los cubanos en esta situación tienen derecho a acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que ofrece la posibilidad de obtener la residencia y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense tras cinco años de comportamiento intachable.
Además, la congresista comprometió su apoyo a la lucha contra las deportaciones masivas, especialmente para los migrantes cubanos, y destacó su compromiso con la protección de nicaragüenses, venezolanos y haitianos que se encuentran en situaciones similares. En su intervención, Salazar hizo un llamado a evaluar cada caso bajo los principios de derechos humanos y la Convención contra la Tortura, alertando sobre el peligro de enviar de vuelta a la isla a activistas anticastristas.
