Migrante guatemalteco deportado por ICE logra revertir su expulsión tras fallo judicial
Faustino Pablo, un migrante guatemalteco que había huido de la violencia en su país en 2012, logró revertir su deportación gracias a una demanda judicial. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a Pablo a Tegucigalpa en noviembre, a pesar de que el sistema de asilo en EE.UU. había emitido una protección legal activa contra su expulsión.
La decisión de ICE fue una violación flagrante de sus derechos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El 3 de diciembre, en una audiencia celebrada en Texas, los abogados de ICE admitieron que la deportación fue indebida. El juez David Guaderrama, de la corte federal de Houston, ordenó que Pablo regresara a EE.UU. antes del 12 de diciembre. El tribunal reconoció que el migrante enfrentaba un “riesgo claro y grave” de sufrir daños irreparables si permanecía en Guatemala, lo que hizo que la deportación violara su protección legal otorgada hace más de una década.
El migrante contaba con una orden judicial de “prohibición de remoción”, que lo protegía de ser deportado debido a los riesgos que enfrentaba en Guatemala. Sin embargo, ICE ignoró su estatus legal y lo deportó a pesar de la orden. La corte federal consideró que el Departamento de Seguridad Nacional cometió un error al detener a Pablo y programar su deportación, algo que se trató como una violación directa de sus derechos.
Como parte de la resolución judicial, se instruyó a las autoridades de inmigración a presentar informes diarios sobre los esfuerzos realizados para asegurar su retorno a EE.UU. Aunque el DHS ha confirmado que se ha programado un vuelo para su regreso, dicho vuelo aún no se ha concretado.
Este caso de Pablo no es aislado. En marzo de este año, otro migrante, Kilmar Abrego García, fue deportado a El Salvador a pesar de contar con una orden de protección activa. Este también fue un caso que llevó a una corte federal a exigir su regreso a EE.UU.
Además, migrantes como Jordin Melgar Salmeron han demostrado que incluso en la administración Trump, los tribunales pueden revertir decisiones de deportación ilegales cuando los solicitantes cuentan con protecciones legales activas.
En medio de la incertidumbre migratoria, la agencia estadounidense USCIS ha implementado una suspensión total e indefinida de todas las decisiones sobre solicitudes de asilo. Esta medida afecta a miles de migrantes de diversas nacionalidades, en particular a los cubanos, quienes han estado huyendo de la crisis política y económica en la isla. La congelación suspende cualquier fallo definitivo hasta que se emita un nuevo comunicado oficial.
Los cubanos, que representan un flujo significativo de solicitantes de asilo debido a la situación en Cuba, enfrentan ahora un panorama incierto. Muchos de ellos han agotado recursos familiares y corren el riesgo de ser deportados mientras se revisan políticas de seguridad nacional vinculadas a la Proclamación 10949.
Esta suspensión de solicitudes de asilo agrava la situación para los cubanos, que se ven atrapados en un limbo jurídico sin acceso a beneficios como permisos de trabajo o protección temporal. Expertos advierten que la pausa podría extenderse por meses, lo que aumentaría la presión en la frontera y en las comunidades de la diáspora en lugares como Florida.
El caso de Pablo es un recordatorio de los complejos y a menudo contradictorios procedimientos dentro del sistema migratorio de EE.UU., y cómo los tribunales aún pueden garantizar la protección de los derechos de los migrantes, incluso cuando agencias como ICE cometen errores.
